ESCRITOS DEL DESCONFINAMIENTO (1). CUANDO LO PEOR HA PASADO (DE MOMENTO)

IPTC

Durante lo peor de la pandemia de la COVID-19, salió lo mejor de la condición humana en muchos ámbitos. No en todos, pero sí en muchos.

Lo que está pasando me recuerda a los finales de invierno vividos en Canadá. Cuando la nieve acumulada durante seis meses se deshacía, en el suelo aparecía un montón de porquería. En aquel país civilizado, la limpiaban rápido y sin ningún tipo de tensión ni problema.

Aquí, antes de que la nieve de la COVID-19 se funda y cuando apenas “la porquería” comienza a adivinarse, aparecen algunas reacciones lógicas pero alejadas de la solidaridad, la empatía y el “buenrollismo” de los peores momentos. Reacciones que, en cualquier caso, contribuyen a sembrar dudas sobre si  ciertos cambios que algunos predecían que se producirían, tendrán lugar.

Seguro que la pandemia consolidará novedades positivas. Parece que el teletrabajo ha venido para quedarse, lo cual, en la medida en que disminuyan los desplazamientos -probablemente también por vía aérea y marítima, aunque en este caso no se vincule solo al teletrabajo- disminuirá la contaminación ambiental en el planeta.

Pero más allá de estas y otras novedades positivas, comienzo a observar reacciones, aún moderadas, pero que creo que subirán de tono, legítimas muchas de ellas, de colectivos profesionales, como por ejemplo los sanitarios. No sé si acabarán siendo tóxicas como las que ya se observan en muchas personas que, ellas o sus familiares, han sufrido la enfermedad y en algunos casos han muerto. Desde duelos patológicos a indignación, rabia, ira y situaciones reactivas diversas. Además de las lógicas reacciones desesperadas de los más desfavorecidos, para muchos de los cuáles el problema es poder comer. No sé si el pillaje o los asaltos a los supermercados ya han comenzado, pero hay quien lo da por supuesto.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Hace unos días estuve en el Hospital del Mar y me impactó ver cómo un colega apreciado había perdido algunos kilos durante las semanas duras de la pandemia. “He estado, durante cinco semanas, trabajando los siete días de la semana en el hospital, un montón de horas”. Solo había que verlo. No hacía falta que añadiera mucho más… Lo que más le preocupaba era que se pudiera repetir un brote de las características del que estamos -según parece- terminando de pasar. No me lo dijo, pero intuí que pensaba que no lo aguantarían…

Después me habló de lo obvio: “Si no entienden que tienen que poner más recursos a la sanidad, no sé cómo lo haremos”. Y me lo preguntó como diciendo: “Tú que has estado en la Administración, ¿qué opinas?”.

Le dije que no tenía ni idea. Que me gustaría pensar que el sector público, el Estado, entenderá que tiene que conseguir convencer a la UE para endeudarse hasta poder inyectar los recursos necesarios para reactivar la economía y garantizar que, servicios esenciales como los sanitarios, están bien financiados. Poco después sabríamos que la Comisión Europea suspendía los límites de déficit y deuda a España y expresaba la conveniencia de que el Estado español invirtiera más en sanidad. Mi opinión sobre la Comisión Europea hace tiempo que es deplorable y no para de empeorar. Esta vez, sin embargo, un poco tarde, han estado acertados, pidiendo que España gastara más dinero en sanidad (!!!). ¿Lo hará España? Veremos… Si no lo hace, podemos sufrir y mucho.

Tengamos claro, por otro lado, que la propia Comisión Europea, el día que termine la COVID-19, recordará que hay que volver a pensar en la deuda. Y esto sucederá en un país en el que muchos autónomos, trabajadores ahora cubiertos por ERTEs y otros -estos días hemos escuchado que el cierre de NISSAN, además de acabar con 3.300 puestos de trabajo directos, indirectamente afectará a 20.000 más- estarán en paro. ¿Se seguirá entonces apostando por mantener como es debido el sistema sanitario o ya habrá caído de nuevo en el olvido?

Volviendo al compañero del Hospital del Mar, me habló de todas estas cosas, pero no de las condiciones laborales, sociales y salariales de médicos y personal sanitario. No era necesario. Sé lo que piensa. Y por eso yo recomendaría a todos los que tengan derecho a voto, que no voten a nadie que no se comprometa a incrementar sustancialmente el presupuesto sanitario y que, en caso de incumplimiento, no lo voten nunca más. En especial los que han salido a aplaudir cada día a las 20:00 horas. Más vale -a pesar de la dificultad- intentar “votar bien” que aplaudir hoy a “unos mártires” para olvidarlos mañana. El sistema sanitario es un pilar fundamental del Estado del Bienestar que ya está bastante agrietado. Hay que actuar, hay que invertir dinero en él.

Las reacciones iniciales de tristeza e impotencia ante el sufrimiento y la muerte, empiezan a transformarse en indignación y rabia, en muchos casos de tipo tóxico. Ya me he referido en los posts anteriores sobre el confinamiento (ver “La vida en confinamiento (2)” del 20 de abril del 2020, “La vida en confinamiento (3). Hacer frente a la vida, hacer frente a la muerte” del 4 de mayo del 2020, y “La vida en confinamiento (4). ‘La nueva normalidad’, el nuevo confinamiento” del 12 de mayo del 2020) a la dureza que ha acompañado a los moribundos y sus familiares en las muertes durante la pandemia. Hay y habrá muchos duelos patológicos con impacto negativo sobre la salud -la salud mental sobre todo- y el bienestar de los familiares de los difuntos.

Una de las derivas de esta triste situación es el inicio -y la multiplicación- de las demandas judiciales contra instituciones sanitarias -residencias, centros sociosanitarios, hospitales- y profesionales sanitarios.

Es el momento de decir -sin justificar lo que realmente haya sido injustificable- que el esfuerzo del sistema sanitario y de sus profesionales para hacer frente a la pandemia ha sido titánico y el resultado global, positivo y admirable. Los hospitales catalanes triplicaron el número de camas de UCI y de respiradores, y solo el esfuerzo ingente de unos profesionales, que lo son y mucho, evitó que el sistema -a pesar de estar al borde- no se colapsara. Después de esto, de los recortes anteriores, de trabajar en condiciones laborales y salariales poco dignas, de haber doblegado -por ahora- a la fiera desconocida de la pandemia -que cada día sorprendía con caras feas nuevas y agresivas- nadie tenía experiencia para tratar este virus y casi nadie había tenido que hacer frente a ninguna pandemia de estas características -y nadie a ninguna tan generalizada-, después de todo esto, ¿no merece la pena reflexionar sobre si realmente hay que actuar judicialmente contra un sistema que deberíamos cuidar y mimar? ¡¡¡Sí, ya lo sé, los delitos son delitos, incluso en un país como este que sistemáticamente desprecia la presunción de inocencia y en el que, en lugar de que quien acusa tenga que demostrar la culpabilidad del acusado, es este quien tiene que demostrar su inocencia!!!

Evidentemente, no se trata de hacer apología de la impunidad, ni de negar el derecho a acudir al sistema judicial cuando sea necesario. Sí que vale la pena, sin embargo, intentar estar seguros de que cuando se va es realmente porque tiene todo el sentido.

Lo ocurrido en las residencias de mayores no se puede justificar de ninguna manera. Pero no por negligencia del personal que trabaja en estos centros, todo lo contrario. La COVID-19 simplemente ha hecho evidente lo que los que conocemos el sector desde hace tiempo, hace años que sabíamos: la atención sanitaria en las residencias no está resuelta, o no está bien resuelta. Algunas, pocas, tienen soluciones adecuadas. La opinión pública, alentada por el profundo desconocimiento de los Media y las ganas de muchos de estos de “acoso y derribo”, ha creído que las residencias son centros sanitarios, una especie de hospitales, cuando en realidad son centros sociales concebidos como sustitutos del hogar. El residente se tendría que ver como un ciudadano que vive en una residencia y debería ser atendido por el Centro de Atención Primaria (CAP) correspondiente. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que ni la dotación de personal de los CAP, ni el presupuesto (pensemos simplemente que el 75% de los residentes toman entre ocho y diez medicamentos al día) están pensados ​​para prestar esta atención. Parece evidente que el problema está claro y que, ya que se trata de nuestros abuelos, lo tendríamos que resolver. Hace 40, 50 años o más, cuando aparecieron las primeras residencias, estas eran realmente un sustituto del hogar, para personas mayores que raramente llegaban a los 80 años. Morían mucho más jóvenes que ahora y sin tiempo de desarrollar tantas enfermedades crónicas invalidantes. Estos mayores de la época seguían yendo al médico u hospital al que iban cuando vivían en casa. Ahora esto ha cambiado. Prácticamente el 80% de los residentes tienen tres o cuatro patologías crónicas activas y el servicio médico hay que prestarlo a domicilio, es decir, en la residencia. Y eso hay que arreglarlo y para resolverlo bien, es necesaria la implicación -y el presupuesto- de los Departamentos de Salud de las CCAA, además del que tienen ahora, proveniente de los Departamentos de Servicios Sociales. Los intereses políticos, corporativos y otros, están retrasando el consenso para la solución del problema. La rapidez y eficacia con la que se encuentre la solución serán un buen indicador de si con esta pandemia hemos aprendido algo. De lo contrario, es más que probable que lo que prevalezca sea la defensa de intereses mil que a pesar de parecer legítimos, pueden perder la supuesta o real legitimidad, cuando lo que está en juego es la sensibilidad de una sociedad hacia sus personas mayores, respetarlos o despreciarlos.

Una vez más, es necesario defender a los profesionales de las residencias. Gerocultores, trabajadores sociales, educadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos… Todos, sin excepción, se han volcado en un intento de “suplir” la tarea de unos sanitarios que tardaron demasiado en aparecer. Profesionales que se contagiaron y que no dudaron en, incluso, quedarse a vivir en las residencias con los ancianos, para hacer lo posible y lo imposible por ellos. La judicialización no ayudará en nada a estos profesionales. Contribuirá a criminalizar a los que han dado todo y más.

Hay que decir también que la vía judicial no nos llevará a la inmortalidad. Vivimos en una sociedad afectada de tanatofobia, en la que se niega la muerte. La muerte es un tabú, se oculta, se ignora y se vive como si tuviéramos que ser inmortales.

Vale la pena repetir -para no generar tensión innecesaria- que demasiadas personas ha sufrido demasiado con las muertes que se han producido durante la pandemia. Dicho esto, sin embargo, hay que aceptar que una persona de 80, 85 o 90 años -o de más o de menos si es que está previamente muy deteriorada- puede perfectamente no sobrevivir a la COVID-19, por más que se haga. En tal caso recurrir a la vía judicial cuando -insisto en este “cuando”- la actuación profesional, teniendo en cuenta el contexto, ha sido correcta, y se cree que una eventual compensación económica aliviará la pena, no deja de ser una manifestación más de que vivimos en una sociedad que se había creído formada por seres inmortales. O bien una reacción comparable a la de aquel cónyuge que, cuando se produce el divorcio, se siente agraviado y quiere compensar el fracaso sentimental con dinero.

La no aceptación de la muerte lleva a buscar compensaciones económicas o peor, al cálculo maléfico que lleva a aquellos que tienen a un familiar mayor en una residencia sin ir a visitarlo desde hace años, a reclamar judicialmente -esperando una indemnización- porque supuestamente han observado mala praxis en el tratamiento de su padre de 92 años, afectado gravemente por la COVID-19 y derivado desde un hospital a un centro sociosanitario para garantizar que la muerte inevitable sea digna, y el dolor y el sufrimiento, bien paliado.

El personal sanitario y gerontológico -excepto en los contadísimos casos de negligencia real- no merece este trato. Como tampoco que periodistas lógicamente dolidos por la muerte de un familiar, abusando de su posición publiquen noticias falsas -esto ha pasado- destinadas a ensuciar el buen nombre de instituciones y profesionales.

Veremos cómo será la nueva normalidad, pero ojo con la preservación del sistema sanitario y sociosanitario, pilar esencial de nuestro Estado del Bienestar. Ya hace tiempo que sufrimos por la suficiencia financiera del mismo, por evitar el burnout de los profesionales y, en general, por su preservación. Cuidado con la judicialización, si no está muy muy fundamentada. La resistencia del sistema de salud tiene un límite.