PROYECTO DE LEY DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2014: APOSTANDO POR LA MEDIOCRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO

La dedicación a la política exige sobre el papel una dosis extra de vocación nada despreciable.

Quien priorice conseguir un buen patrimonio no debe pensar en dedicarse a la política. Aunque, de aquí a desear que los políticos cuanto peor pagados estén mejor, como está pasando, hay un buen trecho. No me parece inteligente y lo encuentro peligroso. Que por ejemplo, el presidente del Gobierno español gane entre 4 y 6 veces menos que sus homólogos británico, alemana o americano, me parece una apuesta por la mediocridad y quizás por otras malas prácticas: hasta donde sabemos, en ninguno de los países mencionados hay situaciones tipo “Bárcenas”.

La corrupción, real, que afecta a la política -y el interés, aprovechando este hecho, de generalizar y equiparar sin matices política con corrupción- termina provocando que se estigmatice a cualquiera que se quiera dedicar, de manera que sobre la base de asumir “que ya roban suficiente”, se concluye que “no es necesario que además estén bien pagados”. ¿Alguien se ha preguntado quién, que teniendo un buen currículo profesional y un buen trabajo o la posibilidad de tenerlo, dará el paso de dejarlo todo para ir a cobrar un sueldo que no se corresponde con la responsabilidad que lleva asociado el cargo? Para integrarse, al mismo tiempo, en un colectivo mal visto y, además de estar disponible 24 horas al día 365 días al año, verse sometido al juicio de los medios de comunicación cuando no al escarnio público. ¿Quién acepta estas condiciones? ¿Qué podemos esperar de esta estrechez de miras?

Esta farsa en relación a las retribuciones de los políticos, se ha extendido en primer lugar a los salarios de los funcionarios -con lo que significa de apuesta por alejar la inteligencia del sector público- y ahora está a punto de aplicarse a todo el personal directivo del llamado sector público de la Generalitat.

El proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos del año 2014 contiene una previsión para todo el personal directivo del sector público de la Generalitat que equipara sus salarios a los de determinados cargos de la Administración Pública estableciéndose el tope máximo en el sueldo que percibe un consejero hoy en día.

Como ciudadano, me parece inquietante. Decisiones de este tipo rematan una peligrosa concepción de lo público que confunde equidad con igualitarismo a la baja y que está a punto de conseguir lo contrario de lo que pretende: que entre los responsables públicos predomine la baja cualificación, con la consiguiente repercusión negativa sobre los servicios prestados a los ciudadanos y sobre la administración de los fondos procedentes de nuestros impuestos.

Modestamente, desde el más absoluto respeto y movido por la ambición de querer la mejor administración del mundo para mi país, me permito sugerir a los diputados catalanes que eviten que esto suceda.

Me siento incómodo teniendo que repetir lo que resulta obvio: un Secretario General de un Departamento del Govern o un consejero no tienen nada que ver con, por ejemplo, el Director General de Patrimonio de la Generalitat, el director de TV3, el de los Ferrocarriles de la Generalitat o con el Gerente de la UAB o el de un hospital comarcal o el de uno universitario de alta tecnología. ¿De acuerdo a qué lógica se pretende retribuir todos estos puestos de trabajo y tantos otros de forma idéntica o casi, sea cual sea su responsabilidad y su posición organizativa?

Para un mismo puesto político, administrativo o directivo, ¿estamos seguros de que todos aquellos que lo ocupan o pueden ocuparlo, tienen la misma formación, la misma experiencia, la misma capacidad de trabajo, los mismos méritos, la misma madurez, las mismas habilidades, la misma dedicación, el mismo rendimiento…? ¿Todo esto es igual? Es evidente que no, ¿verdad? ¿Por qué entonces tienen que cobrar lo mismo?

¿Y qué pasa con aquellos directivos que dejaron una plaza en el sector privado para asumir una responsabilidad pública y firmaron unas condiciones de trabajo y salariales con la Generalitat, muy concretas y no otras? ¿Ahora les diremos que “han tenido muy mala suerte”, pero que ignoraremos los compromisos adquiridos y les cambiaremos las condiciones? ¿Alguien ha pensado que quien acepta potencialmente determinadas responsabilidades legales que pueden ir más allá de las meramente administrativas, entre las razones que le llevaron a hacerlo puede haber un determinado nivel retributivo, y no otro?

A pesar de esto, ¿cómo es posible que no se reconozca la diferencia entre administrar y gestionar? ¿Quién puede creer que se trata de actividades iguales, que requieren habilidades y perfiles iguales? ¿Alguien ha pensado que quizás si todas las administraciones modernas tienen funcionarios y directivos, es porque debe estar claro que los resultados perseguidos en cada caso son diferentes? Primero los hemos querido igualar con los presupuestos administrativos y las normas laborales de la función pública. ¿Ahora tenemos que mal pagarlos a todos por igual?

A partir de aquí, un órgano de gobierno de una entidad pública, ¿cómo puede hacerse responsable de unos objetivos y de la sostenibilidad de la propia entidad, si no puede determinar el contenido de las relaciones contractuales con sus directivos? ¿Saben quienes proponen esto que van en contra de todas las recomendaciones hechas por la OCDE sobre la buena gobernanza pública y que no encontraran ni un solo experto que pueda justificar un despropósito de este calibre?

AMENAZA PARA LA SANIDAD PÚBLICA Y LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

En el caso de la sanidad pública catalana, la formulación del proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos del año 2014, afecta a un gran colectivo profesional, que va más allá de los gerentes de las instituciones sanitarias. De hecho, la mayor parte de los profesionales afectados, son directivos que están fuera de convenio e investigadores. Profesionales responsables de un amplísimo abanico de actividades críticas y complejas, de altísima variabilidad y poco estandarizables, que pueden abarcar desde negociar convenios colectivos en épocas de fuertes recortes y de ERE, a promover la gestión clínica, haciendo un buen uso de los recursos y aportando valor añadido para minimizar el impacto de estos recortes sobre la población. En términos económicos estamos hablando del 30% del presupuesto de la Generalitat. Todo esto en el marco de empresas, en muchos casos de más de 1.000 trabajadores en las que concurren profesionales y categorías muy diversas, la mayoría de ellas de alta cualificación, con una gestión presupuestaria a menudo superior a los 100 millones de euros. ¿El “premio” al esfuerzo y a la alta profesionalidad tiene que consistir en no reconocer las diferencias y pagar a todo el mundo igual?

La sanidad requiere una dirección muy profesionalizada y experta. No se puede gestionar a través de normas rígidas, porqué la actividad no es fácil de estandarizar. La variabilidad es enorme y cualquier contrariedad puede tener consecuencias graves sobre los pacientes, que es lo que cuenta. Pero también sobre la gestión financiera.

Por otro lado, una decisión de este tipo demostraría un elevado grado de desconocimiento de la realidad de la investigación en nuestro país. Es un error creer que con el blindaje previsto en la citada ley de acompañamiento para los centros CERCA y los contratos ICREA se protege la investigación biomédica, un verdadero motor económico en nuestro país. La mayor parte de directores de los programas que conforman esta investigación de alto nivel, son profesionales fuera de convenio, contratados por las instituciones sanitarias, los hospitales. Y son ellos por su extraordinaria capacidad los que atraen la mayor parte de los fondos públicos y privados que terminan financiando a los centros CERCA del ámbito biomédico. Estos médicos contratados por hospitales, si no se modifica el actual redactado del proyecto de Ley de acompañamiento de los presupuestos 2014, serán tratados de forma idéntica a directivos con capacidades no comparables. ¿Qué pretendemos? ¿Que emigren a países dónde se les reconozca el trato que merecen? ¿Saben que, simplemente, emigrando a España cobrarán más?

Hablando de recortes, se ha llegado a decir que la causa real de los mismos es la voluntad de debilitar al sector sanitario público para favorecer la privatización. En este sentido, equiparar a la baja los salarios de los mejores directivos e investigadores, ¿no es empobrecer, en este caso de verdad, la sanidad pública? Si esto sucede, el sector privado, en la medida que seguirá manteniendo la autonomía de gestión necesaria por disponer de instrumentos eficientes de management, paradójicamente, sí que se verá favorecido. Se estará apostando por la privatización.

En conclusión, si lo que preocupa es la equidad, no hay nada más inequitativo que tratar de manera igual a quienes no lo son y el resultado de políticas de estas características es el desánimo de la sociedad, la desmoralización de los profesionales y la fuga de cerebros. Los jóvenes que han emigrado saben que vivir mejor se asocia a valores como el esfuerzo y a incentivar la toma de responsabilidades, reconociendo adecuadamente a los mejores y no fomentando este terrible igualitarismo: igualar a la baja, es engañar a la gente y empobrecer al país.

El proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat del año 2014 todavía no ha sido aprobado. Hay tiempo para rectificar y se tendría que aprovechar. La Catalunya del “día después”, sea independiente o no, no merece este pésimo modelo administrativo.

La Administración catalana es una copia de una mala Administración: la española. No es necesario empeorarla más.