La Fundació de Salut Empordà es un magnífico ejemplo del mejor modelo sanitario catalán de utilización pública. Presta servicios de salud a través del Hospital de Figueres, del Centro Sociosanitario Bernat Jaume y, hasta hace poco, lo hacía a través del CAP de l’Escala.

Tania Tapia ACN/ARA Girona

Con motivo de la cesión de la gestión del CAP de l’Escala a la empresa privada EULEN, varias voces se han levantado en favor de la Fundación como ejemplo de sanidad pública, por oposición a la adjudicación de la licitación pública a la mencionada EULEN.

La Fundació de Salut Empordà es una Fundación privada sin ánimo de lucro, que ofrece fundamentalmente servicios a la sanidad pública. Lo hace con autonomía de gobierno (el órgano de Gobierno es un patronato), autonomía de gestión y sigue el modelo de gestión empresarial. Al contrario que los centros del ICS, su personal no es estatutario (ni funcionario) ni se ve obligada a funcionar con el (nefasto) sistema de contabilidad presupuestaria propio del sector público. Puede funcionar con contabilidad financiera, no está sometida a los estériles controles de procedimientos propios de los centros del ICS y de las empresas públicas y Consorcios Sanitarios, y es auditada, como cualquier empresa, por empresas acreditadas de auditoría.

En mi opinión, la Fundació de Salut Empordà, como tantas otras Fundaciones privadas sanitarias o centros mutuales, como la Mutua de Terrassa, o de órdenes religiosas, como Sant Joan de Déu, son estructuras idóneas para ofrecer servicios de salud de calidad con eficiencia. Están en mejores condiciones que el ICS y que las empresas públicas y Consorcios Sanitarios y, repito, representan lo mejor del sistema sanitario catalán. No hay duda de que este modelo presenta claras ventajas sobre los modelos de privatización aplicados en, por ejemplo, Valencia y Madrid.

Dicho esto, ¿por qué hoy el CAP de l’Escala ha pasado de ser gestionado por la Fundació de Salut Empordà a serlo por la empresa privada EULEN? Bueno, porque el Catsalut debía licitar por imperativo legal y, en aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el ganador del concurso fue EULEN. Vale la pena tener en cuenta que esta empresa presta servicios sanitarios y sociales en diversas Comunidades Autónomas. Valga el ejemplo de Andalucía para ilustrar que no sólo lo presta en Comunidades donde se pueda suponer una posición ideológica favorable a la gestión privada.

Bien, quiero recordar de nuevo  que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas fue la reacción política a un caso de corrupción, el llamado caso Roldán, en referencia a quien fue Director General de la Guardia Civil, Luis Roldán. Está pensada como una medida anticorrupción para garantizar los principios de libre concurrencia y transparencia en la adjudicación. ¿Es óptima? Está muy lejos de serlo. Y cuando lo he dicho, mucha gente lo ha querido interpretar tendenciosamente. Ahora, con motivo de la adjudicación del CAP de  l’Escala a EULEN por aplicación de esta ley, lo ha dicho mucha gente, e incluso algunos partidos políticos han llevado propuestas al Parlament que en sus redactados iniciales vulneraban esta ley, o pretendían crear las condiciones favorables para bordear la legalidad y revisar la adjudicación a favor de la Fundació de Salut Empordà. Como Presidente del Parc de Salut MAR de Barcelona, ​​he podido comprobar que hay empresas especializadas en licitar y presentan ofertas técnicas y económicas muy competitivas. Otra cosa es cómo prestan el servicio una vez han resultado adjudicatarias, ya que no siempre lo hacen de forma idónea. No hace mucho, a pesar de la insatisfacción de directivos y muchos profesionales del Parc de Salut MAR, en aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, se ha tenido que adjudicar la provisión de un servicio a una empresa que ya lo venía prestando de forma poco satisfactoria. Pero, evidentemente, lo que no hemos hecho ha sido obviar la Ley.

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