LOS SALARIOS PÚBLICOS: DE LA DEMOCRACIA (?) AL POPULISMO SIN ABANDONAR LA DEMAGOGIA

Escena de “Love and Death”. Woody Allen, 1975

Recientemente he estado en Estados Unidos y Canadá. Me he reencontrado con antiguos compañeros de estudios, alguno de ellos hoy profesores y responsables de departamentos y equipos de investigación en grandes universidades como Georgetown, Johns Hopkins, McGill o el MIT. Todos, sin excepción (y muchos de los profesionales que me encontré en las reuniones de trabajo), me han preguntado sobre la cuestión catalana y en concreto sobre si se hará el referéndum de autodeterminación. Cuando les decía que no es nada probable que el Gobierno español lo autorice, no podían entender que la norma constitucional pase por encima de un principio democrático tan elemental, como es permitir a un pueblo expresarse libremente si su Parlamento así lo aprueba. Yo lo atribuía a la pobreza democrática de España, al hecho de que la esencia de la democracia no se haya interiorizado, siendo ésta más formal que real. Les explicaba que la Constitución española, redactada desde la libertad condicionada por el ruido de sables, es el arma empleada por los políticos españoles para negar a los catalanes el derecho a decidir nuestro futuro. Una norma que, como han admitido diversos constitucionalistas catalanes y españoles, permitiría, con voluntad política, que los catalanes practicásemos la democracia y votásemos. La ausencia de la versión más noble de la política, la gran política, no el chismorreo que soportamos cada día, es un reflejo del déficit democrático grave que sufre España.

Me imagino la cara de mis interlocutores si han escuchado las declaraciones de Aznar anhelando poder meter entre rejas al Presidente de la Generalitat a partir de confundir en su cabecita la práctica de la democracia con el delito de sedición. ¿Alguien se imagina a un ex-Premier canadiense tratando de encarcelar al Primer Ministro del Quebec por convocar un referéndum de autodeterminación, por mucho que lo prohibiera -que no es el caso- la Constitución de Canadá? Simplemente imposible. Canadá, al contrario que España, es una democracia real.

Llegando a Barcelona he visto todo lo que se ha publicado y dicho, sobre los sueldos de los responsables públicos y no he podido evitar preocuparme todavía más por el futuro de nuestro país. La pobreza democrática, combinada con una dosis de envidia excesiva y nociva, lleva a confundir equidad y sentido de la justicia, con mediocridad. Este falso sentido democrático estimula una ridícula carrera que consiste en competir para ver qué responsable público cobra menos, al tiempo que, no siempre pero a menudo, los “Bárcenas” de turno van repartiendo sobres. El resultado no podría ser peor: se expulsa a los mejores del sector público y de paso se favorece -todavía más- la corrupción. Este ejercicio de equiparación con los niveles más bajos -salariales e intelectuales- tranquiliza a muchos envidiosos y a los “demócratas” que creen que la  práctica del populismo basado en dar “carnaza al pueblo” les aportará votos u otras ventajas.

En España, entre las organizaciones menos democráticas, encontramos a la mayor parte de los partidos políticos. Esto unido al hecho de que los partidos se han convertido en un muro infranqueable que separa a los ciudadanos de las instituciones y las prácticas que los han caracterizado, ya sea oponiéndose a aprobar leyes que hagan realmente trasparente su sistema de financiación o protegiendo militantes suyos poco ejemplares o directamente corruptos; esto y otras desafortunadas características han alejado a los ciudadanos de la política y  han hecho que perdieran el respeto a los políticos y a los partidos.

El terreno está totalmente abonado para el incremento del populismo. Y la combinación de populismo demagógico (parlamentario, que también lo hay, y extraparlamentario) con crisis -económica sí, pero fundamentalmente de valores- ha sido explosiva. Los ciudadanos castigados por los efectos de la crisis, constituyen un “caldo de cultivo” inigualable para la demagogia desatada, el fomento de la envidia y el odio y la manipulación despiadada de aquellos que más sufren que son al mismo tiempo quienes los manipuladores dicen querer defender. Ciertos movimientos sociales convenientemente adulterados por determinados/as líderes/”lideresas” mesiánicos/as, soportados por expertos en replicar viralmente por internet cínicas mentiras y falsedades, como también sindicalistas inquietos por haber perdido su rol en nuestra sociedad, completan “la faena”. Y del citado “caldo de cultivo”, surgen, entre otros, disparates como el que afecta al tratamiento que se da a los sueldos de los responsables públicos. De forma implícita o explícita, se presenta a los responsables políticos y por extensión, sin diferenciar, a funcionarios y gestores del sistema público, como unos aprovechados y unos sinvergüenzas.

Ante semejante panorama, hay que separar el grano de la paja. Para empezar es un error poner en el mismo saco a políticos, funcionarios y gestores profesionales, que han apostado por el sector público pero que ni son políticos, ni son funcionarios, ni quieren serlo.

Respecto a los políticos, a pesar de que es necesario suponerles una vocación pública específica por encima de otros intereses, atención. No siempre quien tenga un MBA y un doctorado por una de las mejores escuelas de negocios y universidades, al mismo tiempo atesore experiencia en el manejo de organizaciones complejas públicas y privadas, hable cuatro idiomas, haya hecho prosperar empresas y conquistado mercados y su retribución anual multiplique como mínimo por 12 los salarios más bajos (por decir algo y dando por bueno el planteamiento del referéndum que harán mañana en Suiza), más bonos, variables, planes de pensiones, salarios en especies y ventajas sociales; por más vocación política que tenga esta persona altamente cualificada, quizás no aceptará ser Presidente del Gobierno español por 80.000 euros brutos anuales. Obama, Camerón o Merkel cobran entre 4 y 6 veces más de lo que cobra Rajoy. Bien, allá, hasta donde sabemos, no hay Bárcenas ni “Bigotes”.

Vayamos a los funcionarios. Los casos de corrupción o presunta corrupción que afectan a los políticos, han provocado reacciones y decisiones, a menudo insuficientemente maduradas, más dominadas por el efecto estético que por la eficacia, consistentes en una lluvia de procedimientos y controles de los procedimientos, que terminan por dificultar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública y tampoco evitan los efectos indeseables que  los motivaron. Y como decíamos, han provocado reducciones salariales por la necesidad de recortar, pero también para “tranquilizar conciencias”.

Cuando se pone el énfasis en el procedimiento y el cumplimiento de la contabilidad presupuestaria, no siempre se presta la atención necesaria a los resultados. Si no son mejores serán peores y ya pagarán las consecuencias los ciudadanos con ¡impuestos! Con esta mentalidad, dominante tanto en  la España del “brillante” Zapatero como en la de Cristóbal Ricardo Montoro, en la Catalunya del Tripartito y en la actual; en la medida en que no se pone el énfasis en la eficiencia, no se echa de menos el management profesional. Con esta estrechez de miras, no es necesario. En este caso pagar sueldos atractivos a buenos profesionales, preparados para obtener resultados altamente competitivos, sí que puede ser tirar el dinero. Piensen que cumplir estrictamente con el presupuesto administrativo puede ser equivalente a obtener malos resultados en gestión. En este contexto, con funcionarios mínimamente formados para administrar partidas presupuestarias ya es suficiente.

Como muy bien dice el profesor Longo de ESADE, al contrario de lo que sucede en el sector privado, “el conjunto de las administraciones del Estado, la de la Generalitat también, tienden a internalizar el trámite y a externalizar la inteligencia”. Y añade Longo: “El resultado es que en las plantillas públicas, predominan los perfiles de cualificación media-baja, y a menudo se echa de menos capacidad de liderazgo, de articular y procesar información compleja y de negociar, comprar y supervisar con inteligencia”. Si además de esta realidad encima tenemos que cuestionar el salario de los, cada vez menos, profesionales cualificados que pudiendo trabajar en el sector privado nos permiten disfrutar de sus capacidades en el sector público, lo único que se conseguirá será la fuga del escaso talento que queda hacia el sector privado de este país, o de otros.

Presentar a la opinión pública, castigada por la crisis, el hecho de que profesionales altamente cualificados cobren 120.000 euros brutos anuales por gestionar organizaciones muy complejas con 3.000 trabajadores y/o 300 millones de euros de presupuesto y todos los problemas del mundo, como un agravio comparativo, por no decir una estafa, es jugar sucio. ¿Alguien ha pensado que si estos profesionales se hartan de tanta difamación más o menos encubierta y deciden dejarnos para ir a cobrar 300.000 euros brutos anuales en la privada, la pérdida de eficiencia de nuestras organizaciones públicas puede multiplicar por 20 el coste de estos salarios que se presentan como un abuso? Sobrecoste que pagarán los sufridos ciudadanos con sus impuestos y con recorte de prestaciones.

No ha de extrañar que el indicador combinado de efectividad del Banco Mundial, sitúe a la administración española en la cola de la Unión Europea. Si a la burocratización y al intervencionismo de los partidos políticos que reducen el espacio para la capacidad gerencial hasta extremos ridículos, añadimos la demagogia de querer presentar sueldos normales para un gestor profesional como desproporcionados y abusivos; ¿cómo entonces puede resultar atractiva la Administración para los profesionales de alta cualificación?

No hay dos profesionales idénticos, ni dos organizaciones iguales. Me preocupa que los dos partidos que están claramente a favor de la independencia de Cataluña hayan caído en esta trampa y quieran impulsar despropósitos del tipo de equiparar los sueldos de los gerentes de las empresas públicas al de un Secretario General de un Departamento de la Generalitat. ¿Qué tienen que ver la Organización Ferrocarriles de la Generalitat, con TV3, con el Consorcio Parc de Salut Mar o con el Departamento de Agricultura? ¿Cómo se compara esto? ¿Qué tiene que ver gestionar un Departamento de la Generalitat con la Universidad Pompeu Fabra o el Hospital Clínico? ¿Hablamos de lo mismo? ¿De la misma carga de trabajo? ¿De la misma complejidad? ¿Los criterios de contratación de gestores tienen que ser los mismos? ¿Estos gestores tienen que ser clónicos? ¿Todo el mundo trabaja igual? ¿Con la misma dedicación e implicación? ¿Con los mismos resultados? ¿Son unos robots idénticos que tienen que cobrar lo mismo? ¿Qué pintan los Órganos de Gobierno respecto a determinar los salarios de los ejecutivos de estas empresas públicas? ¿Cuál es el valor de la Gobernanza? ¿Dónde está la autonomía de gestión? ¿Así queremos que sea la Cataluña independiente?

Para replicar este modelo anacrónico y nefasto para la eficiencia no necesitamos la independencia. Ya tenemos suficiente con la carpetovetónica España de siempre que hizo famosa el eslogan “Spain is different” Si el país al que aspiramos ha de continuar caracterizándose por esta manera de hacer, ni evitaremos que nuestros jóvenes sigan emigrando ni que los profesionales de talento continúen apostando por el sector privado nacional o extranjero. No retendremos a los pocos que nos quedan ni reclutaremos a nuevos.