Continúo con las noticias del periódico.

Leo en “El País” del día 11 de febrero: “La Generalitat de Cataluña tiene en sus despachos un plan privatizador de la sanidad pública que, de llevarse a cabo, dejará en manos de empresas con afán de lucro al menos 13 grandes instituciones sanitarias públicas”.

En el  cuadro que acompaña la noticia aparece el Consorcio Parc de Salut MAR, que tengo el honor de presidir.

Bien, como presidente de este Consorcio, manifiesto que ningún responsable político de la Generalitat ni técnico alguno nos ha hablado de esta posibilidad que, por otro lado, no forma parte de la estrategia que tenemos fijada en el Consejo Rector de la entidad, formada por seis miembros en representación de la Generalitat de Catalunya y cuatro en representación del Ayuntamiento de Barcelona.

El día 12 de febrero pasado leo en el mismo periódico lo siguiente: “El duro plan de privatizaciones para la sanidad pública que la Generalitat encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) incluye medidas drásticas como la venta, vía ‘subasta’, de porciones fundamentales del sistema sanitario catalán, como son las ambulancias y el centro de operaciones del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), una red de una treintena de laboratorios clínicos y el Instituto de Diagnóstico por Imagen (IDI), la gran empresa tecnológica que gestiona estos servicios en los ocho hospitales del Instituto Catalán de la Salud (ICS)…” (ver artículo completo).

Bien, ni como miembro del consejo asesor para la sostenibilidad y el progreso del sistema sanitario de la Generalitat de Catalunya, ni como presidente del Parc de Salut MAR, en representación de la Generalitat, nadie me ha informado de plan alguno para privatizar la sanidad catalana. Tampoco me consta ningún encargo en este sentido a PricewaterhouseCoopers (PWC) ni a empresa o consultor alguno.

Viendo la propuesta a la que se accede desde el enlace que acompaña la noticia, identifico una oferta de trabajo de PWC que fue presentada al conseller de Salut y a parte de su equipo directivo, que tuvieron la amabilidad de invitarme -junto con algún otro presidente de empresas públicas y consorcios sanitarios- a la presentación de la misma. Se trata de la típica presentación que las consultoras de prestigio preparan, documentándose, para intentar que el cliente les encargue el trabajo. Atención, NO CONFUNDIR oferta de trabajo con encargo.

Después de aquella iniciativa de PWC -legítima, ya que las empresas tienen que intentar vender- nunca nadie me ha hablado más de aquella propuesta que ahora se presenta como un “trabajo realizado y pagado”. He querido verificar con el Departament de Salut de la Generalitat  si el  trabajo se encargó y pagó, y me confirman que nunca pasó de ser una oferta de PWC.

En el mismo artículo, también se puede leer: “Los laboratorios son la última porción de la sanidad que PWC quiere sacar a subasta. En este caso se trata de dos sociedades: Laboratorio de Referencia de Catalunya y el Consorcio de Laboratorios Intercomarcales Alt Penedès, L’Anoia y el Garraf”.

Bien, quizás sí que “PWC quiere privatizar el Laboratori de Referència de Catalunya”. Yo como presidente de su Consejo de Administración – y lo mismo puedo decir del resto de miembros del Consejo- no tenemos previsto en ningún caso llevar a cabo esta privatización.

Personalmente, no tengo nada en contra de la sanidad privada. Ni contra el hecho de que las empresas privadas, aun teniendo beneficios, puedan llegar a gestionar -no siempre- más eficientemente algún hospital o centro sanitario que la pesada maquinaria pública (ver artículo de este blog ¿Todo vale? (I)).  Pero no es el modelo que más me gusta. Ni lo que están haciendo en Madrid, ni lo que parece que pretenden hacer en Valencia es lo que yo haría.

Una vez más, defiendo el modelo sanitario catalán, basado en la colaboración público-privada (en general con entidades privadas sin ánimo de lucro) y, sobre todo, en la aplicación de técnicas y métodos de gestión empresarial en el sector sanitario público y de utilización pública. Y esto, a pesar de que la ofensiva contra este modelo llegue al extremo de definirlo como cuidadosamente concebido al servicio de la corrupción. Remito de nuevo al lector a mi artículo “¿Todo vale? (I)”, en el que encontrará las razones por las cuales, a mi manera de entender, hay tanto interés en defender el modelo administrativo y administrativista español, que en la sanidad catalana caracteriza al ICS. Razones que poco tienen que ver con el verdadero interés público.

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