Leo unas declaraciones de Luis Carandell, presidente consejero delegado de Nestlé Health Science, que sitúan encima de la mesa el tema de la responsabilidad. La responsabilidad sobre la protección de la propia salud y sobre la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Entre otras cosas, Carandell dice:
“(…) El envejecimiento de la población que se registra en la mayoría de países del mundo está causando un incremento del gasto sanitario, que será insostenible a largo plazo. (…) No se puede considerar que la responsabilidad de mi salud esté ligada a lo que hagan las empresas o los gobiernos. Cada cuál se tiene que responsabilizar de su salud”.
Estoy de acuerdo, a pesar de que algunas empresas con algunos productos y/o residuos no favorezcan precisamente a la salud de la población. Y a pesar de que la Constitución española de 1978, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios.
Pero es que creo que una cosa no quita la otra y, en cualquier caso, si voy errado que algún jurista me corrija. Para mí se trata de un magnífico ejemplo de cómo la Constitución se puede usar como un marco jurídico interpretable y adaptable a la realidad; o bien como un instrumento rígido que puede traer al absurdo, cuando no a cuestionar la legitimidad de voluntades democráticas, como sucede con el derecho a decidir. Pero vuelvo a la salud y dejo para otro día el ‘patriotismo constitucional’, nombre de una ponencia del XIV Congreso del Partido Popular, cuyo borrador fue escrito, por cierto, por Josep Piqué.
Pienso que los tiempos en que vivimos son buenos para hablar de deberes y de responsabilidad. He escrito y mantengo que cuando comparo la Constitución de los Estados Unidos –que considera la salud como una responsabilidad del individuo y no del Estado– con la consideración que del tema hace la Constitución española, me quedo –sin que sirva de precedente– con la española. Dicho esto, no veo forma de imaginar un Estado del Bienestar sostenible y verdaderamente equitativo si no se parte del principio de que la responsabilidad básica y primera sobre mi salud la tengo yo. Tengo derecho a que los poderes públicos protejan mi salud, pero tengo el deber de ser el primero en hacerlo.