Recientemente, una compañera en tareas de asesoría y profesora del IESE, refiriéndose a la velocidad a la que circula la información por las redes sociales, decía que la falta de tiempo para reflexionar, profundizar y debatir cualquier afirmación, a menudo y con la ayuda de la replicación viral, hace que la información (cierta, errónea, deliberadamente falsa, intencionadamente calumniosa… poco importa) se dé por buena sin más análisis, y se pase a la noticia siguiente, que puede llegar simultáneamente o de inmediato, sin pausa.
Este hecho permite manipular la información y adulterar la realidad, creando estados de opinión que van calando hasta instalarse en amplias capas de la sociedad.
Un ejemplo de ello es la pretendida privatización de la sanidad pública. No hace falta decir que el momento en el que se lanza este mensaje coincide con un período en el cual la gente lo ha pasado y lo pasa mal, y la reacción primaria provoca que desaparezca cualquier posibilidad de debate racional en el que se puedan aportar argumentos para sustentar esta posición o la contraria. No es necesario, lo dicen por televisión, sale en los periódicos y no para de circular por las redes sociales. Por lo tanto es cierto y no se hable más. Los profetas del populismo, conscientes de que las concesiones al sentido común son directamente proporcionales a la disminución del espacio para practicar la demagogia y la manipulación de los que más sufren, ya se encargan de impedir que se den las condiciones necesarias para el debate sereno, racional y objetivo.
Aprovechando que la izquierda tradicional nunca priorizó la eficacia y la eficiencia del sector público -y muchos de los que más sufren militaban, votaban, simpatizaban con partidos de izquierda-, y que la derecha ha dado por hecho a priori que la gestión privada es mejor que la pública -y a la derecha se la identifica especialmente con los causantes del sufrimiento antes mencionado-, la apuesta debe ser, no tanto a favor del sector público, sino a favor de la gestión pública por un lado, y contra la privatización por otro. A los manipuladores les basta con promover la confusión entre gestión privada y privatización y equiparar privatización a corrupción.
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, la buena gestión no es la privada o la pública. En ambos sectores hay casos para todos los gustos. La buena gestión es la más eficiente.
En segundo lugar, gestionar el sector público con instrumentos propios del sector empresarial no es privatizar que, dicho sea de paso, en sí mismo no es ni bueno ni malo.
En diferentes posts he demostrado con datos dos realidades en cuanto a la evolución del sistema sanitario catalán desde los años 80 del siglo pasado hasta nuestros días:
1.- Lo que era un sistema sanitario público de provisión mixta a partir de centros públicos, fundamentalmente del ICS, y centros privados, primordialmente sin ánimo de lucro (Fundaciones, hospitales de órdenes religiosas, de mutualidades, de la Cruz Roja), ha evolucionado hacia un sistema de provisión menos mixto y más público. Básicamente por la entrada de la Generalitat bajo la forma de Consorcios Sanitarios y Empresas Públicas Sanitarias.
2.- El análisis de los datos disponibles -los he aportado en al menos dos posts- demuestra que, considerados globalmente, los centros sanitarios menos eficientes son los públicos-públicos, es decir, los del ICS, y los más eficientes son los privados que, a excepción de uno o dos casos, no tienen ánimo de lucro. A los Consorcios Sanitarios y a las Empresas Públicas sanitarias, con lo que ha implicado la entrada de la Generalitat en términos de proliferación de normas que hacen cada día más difícil la gestión profesionalizada susceptible de generar buenos resultados, sólo les queda espacio para la simple administración de procedimientos. Resultado: pierden eficiencia. A medida que se alejan del modelo de gestión empresarial y se aproximan al modelo de administración del ICS, empeoran los resultados. Y eso tiene múltiples impactos negativos, que van desde mayor dificultad de acceso al sistema (listas de espera), hasta el incremento de los costes que, en la medida en que ya no se pueden financiar con créditos, tarde o temprano acabarán repercutiendo en un incremento de los impuestos para aquellos que pagamos, y que no formamos parte precisamente de la minoría social más rica que controla el poder real en el mundo.
Acabo -no sin una clara sensación de repetición de lo evidente y de predicar en el desierto- con tres elementos para la reflexión:
1.-El carácter público del sistema no depende de la naturaleza jurídica de los proveedores. El sistema sanitario catalán, financiado por impuestos, bajo la responsabilidad de un Gobierno que planifica, regula, compra servicios, evalúa, controla y, si es necesario, sanciona, y al que pueden acceder todos los ciudadanos, es público. No es privado. Que la provisión sea pública o privada no cambia esta realidad. Pero es que además en Cataluña, la provisión privada ha disminuido con relación a los años anteriores.
2.-En términos estrictamente de provisión, lo importante es que las fórmulas empleadas para gestionar sean las más eficientes. La gestión de un sector tan complejo técnicamente y tan cambiante como el sanitario, tiene que poder funcionar con contabilidad financiera -no presupuestaria como en los centros del ICS y cada día más, por desgracia, en otros-, con sistemas de contratación laboral -no funcionarial, como los del ICS-, debe centrarse en los resultados -y no en los procedimientos, como ocurre en el ICS- y debe poder gestionar con autonomía el patrimonio y amortizar, algo cada vez más difícil en el conjunto del sistema sanitario público. Vamos en la dirección contraria a la que deberíamos seguir para garantizar el mejor uso posible de los recursos, si lo que se tiene en mente es al usuario del servicio.
3) En un contexto de recursos escasos, no se puede descartar por apriorismos ideológicos de ninguna clase, la colaboración con el sector privado. Ni en el seguro complementario, ni en la gestión, ni en la provisión, ni en la inversión.
Opino que si se sigue apostando por fomentar la confusión entre gestión empresarial y privatización como sinónimo de corrupción y aumento del sufrimiento de las víctimas de la crisis, el resultado será el retorno al sistema de beneficencia. Un sistema a dos velocidades en el cual los pobres serán mal atendidos en un sistema público que a tenor de cómo evoluciona el marco normativo, será caro, ineficiente y en definitiva insostenible. Aquellos que mínimamente se lo puedan permitir, buscarán cobertura en los seguros y en la prestación privada.
Seguir manipulando el Estado del Bienestar como arma arrojadiza en la lucha política puede tener efectos contraproducentes para quienes más sufren.
Comparteixo la teva anàlisi Josep Maria, però tinc la sensació que prediques, o prediquem, en el desert.
Hi ha molta incultura i desconeixement (interessat) del que és el sistema sanitari català per part dels que tenen altaveu (Comentaristes, periodistes, diputats, tertulians, etc.)i sovint els que el volen explicar no tenen capacitat per fer-lo entenedor de cara a la ciutadania. Alguna cosa hem fet i estem fent molt malament!.