Font: Diario Médico

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La Administración catalana se ha desarrollado a imagen y semejanza de la española, que no es ejemplo por nada notable. Cuando se habla de independencia se apunta la necesidad de definir un modelo de país, de contar con un modelo productivo, de crecimiento económico, cultural, de defensa, de justicia… Pero no tanto de que la Administración catalana deje de ser un bulto pesado. Este olvido se puede pagar muy caro.

El Dr. Joan Massagué, en una entrevista en el periódico “ARA”,  preguntado sobre si una Cataluña independiente tendría más recursos para investigar mejor, ofrece una respuesta caracterizada por una inteligencia fina y una gran capacidad de, sutilmente, poner el dedo en la llaga. Contesta lo siguiente: “Es muy difícil decirlo. Si tomamos la Cataluña actual y la hacemos independiente, tenemos a Mas-Colell y los suyos a cargo de la investigación y lo hacen muy bien. Pero hay algunos problemas“. Y a partir de aquí, introduce el problema del daño provocado por el modelo administrativo. No habla de dinero, de falta de recursos. Habla de unas características muy concretas de la Administración catalana que suponen un atentado al sentido común y a la inteligencia. Dice Massagué: “Las universidades catalanas cargan con décadas, por no decir siglos, de una forma de hacer desprovista de la agilidad que hace falta hoy en día para gestionar la investigación, para captar nuevos talentos, para la movilidad del personal… La estructura académica del funcionariado de las universidades está reñida con esto. Me parece que sólo una parte pequeña de las trabas derivan del hecho de que Cataluña forme parte de España”.

Parafraseando a Massagué se podría decir que el sistema sanitario catalán, igual que las universidades, no dispone de la agilidad -¡de la que sí disponía hasta hace pocos años!- para gestionar la investigación, para captar nuevos talentos, para la movilidad de personal… Aunque no está tan mal como el sistema universitario, se aproxima por la política que se lleva a cabo que, atención, de facto, la determinan no tanto los políticos sino los altos funcionarios y departamentos jurídicos de la Generalitat. Éstos, a base de interpretar el marco legal con una mentalidad determinada (la del funcionariado español de toda la vida), acaban suplantando a los políticos en sus decisiones. Y más en un momento en el que por los escándalos de corrupción, la sensibilidad es máxima para hacer las cosas “de acuerdo con la legalidad”. El problema es quien interpreta la legalidad, cómo lo hace y con qué intereses. Y la legalidad no la interpretan los electos que votamos. Estamos excesivamente gobernados por un sottogoverno de funcionarios que tiene por objetivo perpetuarse y expandirse en base a una concepción jurásica de la función pública.

El sistema sanitario público catalán, fue concebido en una Cataluña que, como ahora, formaba parte de España. El deterioro creciente que sufre desde la segunda parte de los años 90-2000, no se ha detenido. Éste, más que ser una variable que dependa de formar parte de España o de no formar, se deriva de una concepción administrativa muy perniciosa. Las bases del desastre no las ha puesto el Gobierno actual, pero aún así no es capaz de revertirlas.

Ahora mismo, en este caso sí, un estamento político de primer orden, el Parlament de Catalunya, está a punto de aprobar una medida que lejos de contribuir a hacer una Administración más moderna y competitiva, supone una nueva regresión. Se trata de una igualación lineal y a la baja de los salarios de los directivos públicos, que terminará afectando, si no se corrige, al funcionamiento de los servicios médicos, desde la organización de la atención de urgencias,  a los trasplantes de órganos, pasando por muchas otras actividades clínicas y de investigación. Excluir de la medida, como parece que se hará, determinados programas de investigación (tipo Centros CERCA y programas ICREA), no resuelve el problema para la investigación biomédica. Se ignora que ésta no se puede desligar del sistema sanitario. Y muchos investigadores son médicos contratados fuera de convenio, con gran capacidad de producir y atraer recursos privados y públicos, que ahora se pueden ver afectados por esta medida populista de igualar sueldos. Medida que se presenta como una apuesta por la equidad, cuando en realidad es una decisión desastrosa con vocación, querida o no, de expulsar a los mejores del sistema público.

Pero más allá del impacto negativo sobre la investigación y la actividad clínica, también resulta denigrante para los gestores y directivos públicos. Si la Cataluña independiente necesita gestores públicos de primera línea para hacer posible la agilidad necesaria en la gestión que reclama Massagué, ¿cómo se quiere conseguir esto aplicando un modelo retributivo de matriz funcionarial? ¿Cómo se quiere hacer sin diferenciar retributivamente la valía y la capacidad de obtener resultados? ¿Hay mejor manera de reconocer y atraer a los mejores que fomentar la competencia para conseguir la excelencia (en la investigación, en la clínica y en la gestión)?

Cuando Massagué dice que “me parece que sólo una parte pequeña de las trabas derivan del hecho de que Cataluña forme parte de España“, tiene toda la razón. En un momento en el que la potencial independencia de Cataluña se asocia, entre otras causas, a la voluntad de hacer un país mejor, no se puede seguir promoviendo el actual modelo de función pública, orientado a invadir y estropear de la peor manera aquello que aún funciona por haber sido preservado. Pero si seguimos formando parte de España también debemos modificar este aspecto. Tener una buena Administración no debe depender de ser o no ser españoles. Es una urgencia. Debería ser una prioridad.

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