El Estado del Bienestar ha sido un elemento de cohesión esencial para las sociedades europeas que está amenazado y que se debería salvar. En un momento de crisis profunda en el que la viabilidad futura de las prestaciones del bienestar se está cuestionando, se observan determinadas posiciones maximalistas, supuestamente defensoras del actual sistema de prestaciones públicas, que en realidad pueden contribuir a hundirlo. Si se quiere salvar el Estado del Bienestar hay que estar dispuestos a reformarlo en profundidad.
En Catalunya, lo que en algún momento fue el debate sanidad pública vs sanidad privada -practicado con más honestidad intelectual y dignidad que hoy en día- ha derivado hacia una ofensiva basada en manipular el concepto de sistema sanitario público -y de todo lo público en general- que llevado al extremo puede convertirse en la principal amenaza contra el mismo. Parece que los tiempos actuales estén dominados por el principio de “cuanto peor, mejor”.
Aunque el entorno no lo facilita, sino todo lo contrario, es necesario aclarar conceptos. El carácter público o privado de un sistema sanitario no está determinado por la naturaleza jurídica de los proveedores de servicios. Un sistema sanitario financiado con fondos públicos, planificado, regulado y evaluado por un gobierno y con acceso universal y gratuito de los ciudadanos en el momento del uso, es un sistema público y el hecho de que algunos de sus proveedores sean privados, no permite hablar de privatización. Continúa siendo público a todos los efectos.
Que el personal del sistema sanitario sea funcionario, estatutario o laboral, tampoco permite definir al sistema como público. Ni, por supuesto, una eventual laboralización de funcionarios permitiría hablar de privatización.
Pero más allá de conceptos o de la promoción interesada de la confusión de conceptos, al final lo que cuentan son los resultados. Resultados en términos de accesibilidad al sistema, de calidad de la atención, de equidad -entendida no como todo para todos, en cualquier parte y gratis total, sino como igual intensidad de respuesta ante la misma intensidad de problema- y uso eficiente de los recursos. Teniendo en cuenta esta realidad, en el caso del sistema sanitario catalán está claro que comparando resultados, éstos son mejores en aquellas entidades con formas de gestión con mayor autonomía y con posibilidades de utilizar los mecanismos de gestión normales de cualquier empresa. Efectivamente, los hospitales gestionados empresarialmente pueden satisfacer a mayor población, con menos recursos y con mejores resultados en calidad asistencial. Al mismo tiempo, se adaptan mejor a situaciones cambiantes, aumentan su sostenibilidad y como consecuencia la del sistema sanitario.
Hay que remarcar en primer lugar que gestión empresarial no es sinónimo de privatización y al mismo tiempo recordar que estas afirmaciones (ver el post del 18 de diciembre de 2012 “La evidencia sobre el modelo de gestión empresarial”), se basan en el informe de la Central de Resultados del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya y en el estudio de IASIST que compara la estructura y los resultados de los hospitales según su modelo de gestión. No hay duda posible: cuanto más nos alejamos del modelo administrativo-funcionarial y más nos acercamos al de gestión empresarial, mejores son los resultados. El Institut Català de la Salut, el ICS, modelo funcionarial por excelencia, globalmente considerado, obtiene peores resultados que las Empresas Públicas y Consorcios Sanitarios, y éstos, a su vez, presentan peores resultados que las instituciones privadas sin ánimo de lucro, como por ejemplo, la Mutua de Terrassa o Sant Joan de Déu, que prestan un servicio tan público como el de Bellvitge o el del Hospital del Mar. Todos estos centros, los del ICS incluidos, tengan personalidad jurídica pública o privada, configuran el dispositivo sanitario de utilización pública.
Lamentablemente, vivimos en una sociedad que no tiene cultura de la evaluación y en la que los resultados interesan a bien pocos. De hecho, a menudo vemos cómo los resultados se ignoran, como pasó en julio de 2012 cuando el Departament de Salut de la Generalitat hizo públicos por primera vez la totalidad de su Central de Resultados. Esta presentación -sin demasiados precedentes en otros territorios- no despertó la atención ni de la prensa, ni de los partidos políticos, ni de los sindicatos, ni del Parlament. Y esto, básicamente por dos razones. La primera, por la complejidad técnica que no hizo más que potenciar a los que, interesados en poder acusar sea como sea al sistema de falta de transparencia, han preferido -segunda razón- seguir especulando a base de ignorar la existencia de datos cuantitativos y objetivos disponibles, para poder asimilar tendenciosamente gestión empresarial con privatización y privatización con corrupción. Esto ha permitido continuar hablando de falta de transparencia. En las próximas semanas se presentarán de nuevo estos resultados. ¿Volverán a ignorarse? De cualquier modo, estaría bien que el Departament de Salut hiciese un esfuerzo para añadir un resumen comprensible para no expertos.
La situación actual se puede describir, por tanto, como dominada por la presión ejercida por determinados medios de comunicación, algunos partidos políticos y sindicatos y elementos que vinculados a movimientos ciudadanos se otorgan una representatividad que no tienen, para divulgar el “nuevo eje del mal” gestión empresarial/privatización/corrupción. Se trata de una coalición de intereses comunes que, además de condicionar en exceso al Govern, acaba, incluso, determinando la agenda del Parlament de Catalunya.
La estrategia de promoción de la confusión que siguen se basa en promover un falso concepto de lo público que, de forma simplista, asimila de facto lo público a aquello que está conformado por funcionarios.
Más allá del complemento ideológico, prevalecen un cúmulo de intereses corporativos que más que promover la flexibilización del mercado laboral para crear ocupación y disminuir el paro, persiguen por encima de todo garantizar el trabajo de los que ya lo tienen defendiendo la estabilidad laboral máxima de los funcionarios.
Así se ha llegado a una situación esperpéntica en la que simplemente al mencionar aspectos clave que hicieron del sistema sanitario catalán uno de los mejores del mundo, como la idea de aprovechar todos los recursos existentes, fueran públicos o privados, se activa un resorte que hace aparecer en escena 10 o 12 supuestos casos de corrupción, consiguiendo -como si de un gas paralizante se tratara- que el Govern guarde en el cajón su programa electoral y que incluso acabe yendo en contra de principios que supuestamente conforman el ideario de la mayor parte de los partidos que le dan soporte. Recientemente hemos visto, ante el “Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Administración Pública y el Sector Público”, cómo al Govern de la Generalitat, que fue quién lo encargó, le faltó el tiempo para ante cuatro noticias de prensa percibidas como “amenazadoras”, apresurarse a dejar claro que no aplicaría aspectos esenciales de este informe, como por ejemplo considerar la posible laboralización de ciertos colectivos de funcionarios.
El clima creado es de amenaza contra quién discrepa, sea quien sea el discrepante. Ante esta ofensiva, el Govern está atemorizado y debilitado hasta el punto de que ni tan solo osa aplicar leyes aprobadas por el Parlament simplemente porque, por ejemplo, la Intervención de la Generalitat se opone. Llueve sobre mojado: si cada día vemos más claro que la democracia nacida de la transición es de bajísima calidad, estas iniciativas, aún siendo presentadas como garantía de juego limpio, transparencia y democracia, lo que hacen es debilitarla más, generando pánico, tapando bocas y condenando mediáticamente los cuatro buques expiatorios escogidos para promover una imagen de desbarajuste general.
Seguramente debe ser ingenuo cualquier esfuerzo de promoción del debate basado en argumentos objetivos, enriquecedor y que fomente la discrepancia como elemento positivo. Pero no es bueno ceder al chantaje de estos lobos dictatoriales disfrazados de corderos democráticos.
Bon dia.
Comentar que estic d’acord amb l’escrit. De fet , sempre he entés que la gestió dels recusos públics ha de ser molt mes corosa, la qual cosa no vol dir que puguin ser gestionats des d’una optica privada. Ambdues visions publica-privada poden ser , hauríen de ser complementaries. Si no fos pels recels que despertan d’una manera bidireccional. En el fons jo entenc que s’ahuria de gestionar com cada un de nosaltres gestionem els nostres recursos propis de casa. En el ben entés de no tenir la butxaca foradada.
El típic tòpic: sentit comú.
La meva experiéncia dins les Mútues d’Accidents de Treball ,y molt probablement sesgada, em diu que no es un mal sistema. al cap i a la fí gestionem recursos públics, tot i que vinguin d’unes quotes patronals, peró entenc que es dona un bon servei, tot i tenin les nostres mancances.
Excel·lent article, Josep Maria, com sempre: clar, intel·ligent i culte, descriptiu i argumentat, contundent però respectuòs… però malauradament també crec que serà: ignorat per qui no ho l’hauría d’ignorar però te por, despreciat per qui “ja sap la veritat i, si els fets demostren el contrari, els fets menteixen” i, utilitzat en la teva/nostra contra pels llops… em sumo a la teva “ingenuitat”, però em nego a callar.
Josep Mª article molt vigent i necessari en aquests moments. A veure si podem fer-ne la màxima difusió.
Moltes gràcies
Moltes gràcies Maria Emilia. El sistema està amenaçat de mort, per l’actual Govern!
Cal, com mai, la defensa del model!