¿Todavía hay motivo para la celebración?
Hoy hace 35 años que la Constitución fue aprobada. Desde entonces ha llovido mucho…
Las cosas en 1978 eran muy diferentes. Sólo hacía 3 años que Franco había muerto. Veníamos de la oscuridad, del miedo, del terror y la represión. Esto contribuyó a que de forma mayoritaria optáramos por un modelo de transición que durante años se ha considerado ejemplar, en el que la amnesia y el olvido, fueron tácitamente aceptados. Personalmente entiendo esta opción, yo durante años la acepté pasivamente.
La muerte de Alfonso Armada esta semana, es un buen ejemplo de lo que digo. En 1983, siendo presidente español Felipe González, Armada fue condenado a 30 años de cárcel y degradado, aunque se le conservó la pensión como General de División. Poco tiempo estuvo Armada en Alcalá-Meco. Pronto “unos problemas de salud” que no le han impedido llegar a los 93 años, permitieron que, primero se instalara cómodamente en el Hospital Militar Gómez Ulla y, atención, al cabo de 5 años, a resultas de un informe no vinculante del Tribunal Supremo, Felipe González le indultó alegando razones de salud y que había manifestado varias veces “su lealtad a la corona y al ordenamiento jurídico constitucional”. Fue liberado un 24 de diciembre para poder pasar la Navidad en casa. Sé que alguien me dirá que es un mal ejemplo porque hay quien ha querido situarlo más cerca del prototipo De Gaulle que del de Franco. Pero ya nos entendemos. El Valle de los Caídos sigue en pie y todavía se pueden encontrar símbolos franquistas por pueblos y ciudades. La herida de la Guerra Civil se cerró en falso y, aunque ahora es fácil decirlo, lo reconozco, la democracia española se construyó sobre este pilar con aluminosis: la amnesia estimulada por el ruido de sables y el recuerdo de los horrores recientes.
La Constitución desde esta perspectiva, representa la formalización legal del proceso: un documento consensuado entre otros por Manuel Fraga (dictadura), Miquel Roca (nacionalismo) y Solé Tura (comunismo) en un contexto lleno de condicionantes.
Sin embargo, ahora, estas bases empiezan a ser cuestionadas. Las víctimas del franquismo deben ir a Argentina para que se haga justicia, la ONU solicita a España que investigue antes de un año las desapariciones durante la dictadura y, más allá de los independentistas catalanes, varias voces cuestionan que la Constitución no se tenga que reformar.
Pienso en los seguidores madrileños de mi blog, que los tengo, entre los que se encuentran algunos amigos con los que discrepamos cordialmente: no hace falta ser independentista -ni siquiera catalán- para pedir la reforma de la Constitución. Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, aportaba ayer en “El País” varios argumentos para modificar la Constitución: “La Constitución (…) ha inaugurado el único período auténticamente democrático de nuestra agitada historia (…) pero ya no es el texto vivo que recoge el acuerdo básico y fundamental de nuestra convivencia, sino un documento político coagulado, en parte incorporado a la legislación y a la jurisprudencia, pero en parte claramente superado por la realidad. Que hayamos reformado la Constitución sólo dos veces, y por exigencias europeas, es una anomalía impresentable en comparación con cualquier otro país (…) Los partidos deben pasar de ser la institución privilegiada -esto tuvo su sentido en 1978, pero no en 2013- a la más controlada, y hay que abrir espacios a la ciudadanía, a su participación: abrir las listas, hacer más proporcional el sistema electoral, reformar el régimen de referéndum (…) el sistema de cooptación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y el Constitucional debe cambiar radicalmente (…) ya ni hablo de los temas territoriales (…) (Los partidos) podrán alegar que no es necesaria la reforma constitucional porque, con el desafío independentista catalán en marcha, sería como echar gasolina al fuego. Como si este desafío no requiriera una respuesta constitucional”.
¿Qué nos pasa a la mayoría de catalanes? Joan B. Culla lo resume muy bien cuando habla de “el equívoco de la transición”. Decía Culla: “Mientras las fuerzas políticas del catalanismo habrían concebido el proceso constituyente y estatutario como el punto de partida de consolidación del autogobierno, las fuerzas políticas dominantes en el conjunto de España habrían entendido ese proceso como el punto de llegada en lo que se refiere a un nuevo diseño territorial del Estado”.
Este equívoco de gravísimas consecuencias se ha mantenido durante muchos años, no sin tensiones, hasta que desde el poder central en relación, entre otros, a la política lingüística, cultural, a las inversiones en infraestructuras y a los flujos fiscales, el PP sobre todo y el PSOE en parte, han concluido que lo que para ellos fue “la concesión autonómica”, ha terminado y hay que recentralizar, estrangular económicamente y uniformizar. Aznar fue el primero en romper decididamente el espíritu de la transición. Por ahora, el punto final (o si se quiere inicial para el neoindependentismo catalán) ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010, en la que 10 magistrados nombrados a dedo por los partidos políticos, enterraron el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales españolas, sancionado por el Rey y votado en referéndum por el pueblo de Cataluña.
De aquellos polvos vinieron estos lodos: manifestación masiva bajo el lema “Somos una Nación. Nosotros decidimos”, el 10 de julio de 2010, marea humana en las calles el 11 de septiembre de 2012, cadena humana del 2013 y…
Ante esto, cerrarse en banda, negar la evidencia y ampararse en una legalidad que permite que 10 magistrados, actuando al dictado de los partidos que los han propuesto, ignoren lo que los catalanes expresaron en las urnas, es apostar, más que nunca, por la confrontación. Este tipo de legalidad que termina enterrando la legitimidad democrática, ¿no se tendría que revisar?
Que alguien tan prudente como Miquel Roca afirme que hay un antes y un después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, y que este Tribunal -“partidizado” desde siempre, pero politizado desde esta sentencia- más allá de su función de control constitucional, ha perdido la capacidad de adaptar la Constitución a la evolución social, e incluso asevere que no le merece ningún respeto…
A menudo, para neutralizar a los que propugnan una reforma de la Constitución, se hace referencia a la perpetuidad de la Constitución de los EEUU. Se olvida que, por ejemplo, la Constitución francesa de 1958 se ha reformado 24 veces. Pero se olvida también la capacidad del Tribunal Supremo, en el caso de los EEUU, de adaptar el espíritu constitucional a los cambios sociales.
La Constitución fue elaborada de forma deliberadamente ambigua, confiando en una capacidad interpretativa que ha desaparecido, y en la voluntad política presente en 1978 pero ausente hoy. Voluntad política, que debería permitir que el actual conflicto Cataluña-España se pudiera resolver con un referéndum a celebrar en Cataluña, por ejemplo, por la vía del 150.2 de la Constitución o, si se quiere, como propugna el acreditado constitucionalista Rubio Llorente, “autorizando un referéndum en Cataluña” y si el resultado del mismo fuera la independencia, el Gobierno debería “estudiar una reforma de la Constitución para hacerla posible y convocar un referéndum”. Ya sé, lectores discrepantes, que quizá penséis: “¡Sí, hombre, y que más! ¡Ya se ha cedido bastante!”.
Miquel Roca, aludiendo a quienes dicen que en tiempo de la Constitución ya se cedió demasiado, refería en “El País” el pasado lunes algo muy importante: “¿Qué significa que ‘ya se cedió demasiado’? ¿De quién era propiedad España? Ese ‘se cedió demasiado’ representa mucho: algunos quieren recuperar aquello que interpretan que cedieron”. Y este ceder presupone una concepción única de ser español desde la que se decide cuánto de idioma, cuánto de cultura, cuánto de sistema educativo propio, cuánto de infraestructuras, cuánto… se nos autoriza o cuánto de solidaridad se nos impone a los catalanes para ser aceptados sin problemas. Esto ha hecho que el sentimiento mayoritario entre nosotros sea que así no: estamos llegando al final y no vemos muchas alternativas. También ha provocado que los españoles estén hartos de nosotros y se nos quieran saltar, precisamente con esta Constitución; el espíritu con el que fue consensuada se encuentra en las antípodas del mal uso y el abuso que de ella se hace.
Termino con una aportación más de Miquel Roca en la citada entrevista, apelando al diálogo: “Lo que es evidente es que si no se habla no se resuelve. Jordi Solé Tura, Gregorio Peces-Barba y yo nos sentamos a hablar con Manuel Fraga, que en 1978 representaba la herencia más directa del franquismo. ¿Hay más diferencias entre algunos protagonistas del momento que las que había entre nosotros?”. ¡Lo dice un personaje que nació en el exilio respecto a otro que fue Ministro de la dictadura!
Evidentemente, esta reflexión nos llevaría hacia la tercera vía. Pero la tercera vía hoy la tienen que poner encima de la mesa el Gobierno del partido que fundó Manuel Fraga y en concreto el Presidente Rajoy. Y no lo harán. Como no lo harían los sucesores de Pablo Iglesias, a pesar de no tener ninguna FAES detrás. Véase sino la foto que acompaña el post…
Amigos madrileños seguidores de mi blog, sé que a veces es difícil aceptar la discrepancia. Disculpad las incomodidades que os provoco y dejadme que os haga una pregunta al mismo tiempo que os animo a contestarla en el espacio previsto en este blog: ¿Creéis que en vista de las consecuencias que ha comportado que el Tribunal Constitucional estropeara el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el PP, hoy, con esta información, renunciaría a someterlo a dicho Tribunal? Yo me reservo la opinión. ¡Pero se aceptan apuestas!