¿TODO VALE? (I)

Comento una noticia. Como le pasa a tanta gente, configuro mi opinión a partir de la información que me proporcionan los Media.

Leo:  “El Ejecutivo (español) aprueba la Reforma de la Administración Local que prevé vaciar de competencias a los ayuntamientos que no cumplan el déficit, limita y unifica los sueldos de alcaldes y empleados públicos y hará que sólo cobren 12.188 concejales de los más de 68.000. La norma prevé ahorrar 7.600 millones hasta 2015”.

No he leído, por tanto, el texto de la Reforma de la Administración Local aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Si alguien tiene la tentación de pensar: “Pues que lo lea antes de opinar”, lo comprendo. Pero insisto, lo que me interesa hacer es lo que tantos ciudadanos hacen cada día: formarse una opinión de lo que pasa a partir de lo que ven, leen y escuchan en los Media.

Yendo pues a la noticia, parece que se trata de ahorrar. Y lo primero que pienso es: “Bueno, los Ayuntamientos también pueden y deben ahorrar. Pero ¿y la Administración central del Estado, ya ahorra suficiente? ¿Y la descentralización? ¿Y el principio de subsidiariedad de la Unión Europea? ¿Y la proximidad de los servicios a los ciudadanos?… ”.

En agosto pasado, Francisco Longo, profesor de ESADE experto en Gestión Pública, señalaba que a la hora de recentralizar (idea que se intuye con la nueva norma), hay que tener en cuenta que algunas de las decisiones menos ejemplares de gasto público no se han adoptado desde la periferia, sino desde la Administración central: vías radiales, algunos aeropuertos y tramos de AVE que ni tienen, ni tendrán pasajeros.

Todavía hoy, la mayor parte del “pastel” público se gestiona central y centralizadamente desde Madrid. No se trata de que Ayuntamientos y CCAA no tengan que racionalizar el gasto público (ya lo hacen por otra parte). Pero quizás que antes de “dar lecciones” a los demás, el Gobierno español y la Administración del Estado sean más ejemplares, especialmente si tenemos en cuenta que, excepto en el caso de las pensiones y poco más, el grueso del gasto social lo tienen las CCAA.

Recuperando la idea de empezar por dar ejemplo antes de dar lecciones a los demás, si es necesario vaciar de competencias a los Ayuntamientos que no cumplan el nivel de déficit establecido (que insisto, no digo que no), quizás también hay que vaciar de competencias al Gobierno español – pues tampoco cumple con el objetivo de déficit- y transferirlas a la Unión Europea (rescate). De este modo, algunas decisiones tan clientelares como dudosas desde el punto de vista del interés público, no se ejecutarían. Felipe González llevó el AVE a Sevilla, y Aznar a Valladolid. No es necesario que Rajoy lo lleve a Galicia. Los tiempos ya no están para seguir protagonizando disparates como estos. Se supone que las decisiones de los llamados “señores de negro” de Bruselas, en la medida que no les hace falta comprar votos ni financiar partidos políticos, serían más racionales.

Segunda consideración. La (pseudo) democracia española, inconsistente y de muy baja calidad, hoy en día está amenazada por todos los escándalos que, día sí y día también, llegan al conjunto de la población. A menudo de forma poco matizada, haciendo el mismo tratamiento de casos que parecen de clara corrupción, que de situaciones irregulares pero no calificables con este adjetivo. Pienso que los ingredientes para el caldo de cultivo del populismo están todos (no olvidemos cómo y después de qué hechos, llegó Berlusconi al poder en Italia). Por lo que leo en prensa, esta reforma tiene elementos populistas.

Una cosa es malversar, apropiarse de fondos públicos o espiar ilegalmente. La otra es cobrar cuando se trabaja. Aprovechar el clima actual, en el que la opinión generalizada es que “todos los políticos son unos sinvergüenzas”, para promover que los que se dedican a un empleo público dejen de cobrar, me parece, además de aprovecharse de la indignación popular, inadecuada, injusta y poco inteligente. Poco inteligente porque, si fuera cierto que hasta ahora no ha habido pagos en sobres de dinero negro, con decisiones de este tipo se están poniendo las bases para favorecerlos. El remedio puede ser peor que la enfermedad.

Dicho esto, me parece bien que se reduzca el número de concejales y de asesores. Confieso que desconozco lo que realmente supone ser concejal de pequeñas poblaciones, en términos de carga de trabajo y horas dedicadas. Opino que se puede discutir tanto como se quiera la cuantía de la retribución, que además- y luego me extenderé- no debe ser homogénea. Pero una vez ajustado, tan a la baja como sea necesario, el número de concejales y consensuado que todos los municipios que existen deben existir (que seguramente no), los concejales que queden deben cobrar por la dedicación a sus conciudadanos.

Más allá entonces de este caso de los municipios de menos de 1.000 habitantes, hay que ser claros en un punto. Si de lo que se trata es que los mejores quieran dedicarse al servicio público, se deben pagar y deben pagarse adecuadamente. Este tipo de competición perversa de “a ver qué cargo público cobra menos”, además de incentivar la corrupción, puede acabar atrayendo los menos cualificados al mundo de la política. Me parece motivo de intranquilidad.

Esto es lo que ha ocurrido en el caso de los funcionarios. Como dice Francisco Longo, las organizaciones públicas españolas tienden a internalizar el trámite y a externalizar la inteligencia, lo que hace que el peso de funcionarios de cualificación media-baja sea predominante. El indicador combinado de efectividad del Banco Mundial sitúa la Administración española en el furgón de cola de la UE.

La Administración española no atrae (ni retiene) profesionales altamente cualificados. No hay espacio para la gestión profesional. La burocracia, por un lado, y la influencia de los partidos políticos, son letales.

Los sistemas llamados de control, como por ejemplo los que practican los diferentes Interventores de las Administraciones Públicas, no miden resultados. ¿Por qué? Porque las Administraciones Públicas españolas confunden resultados con procedimientos. Por tanto se evalúan procedimientos, aunque la aplicación impecable de los mismos lleve a malos resultados y a déficits. Se miden procedimientos y cumplimiento de normas, algunas necesarias y bien planteadas, pero la mayoría inútiles, dictadas de cara a la galería (como parece ser el caso de la que hoy nos ocupa, por lo que dice la prensa) y que sólo sirven para que los escasos profesionales de alto nivel dedicados a la cosa pública, terminen anulados por el principio del procedimiento por el procedimiento.

Uno de los párrafos de la noticia es paradigmático de esta estructura mental, que parece que forma parte del ADN del funcionario español (¡no olvidemos que Montoro lo es!):

“Además, el Ejecutivo toma medidas para asegurar el control económico-financiero de las Administraciones Públicas. Entre ellas, se fortalece a los interventores locales para “dotarlos de más imparcialidad y garantizar un control financiero más riguroso”. Así, “la rendición de cuentas será importante”.

Lo entrecomillado  se supone que son declaraciones literales del Ministro Montoro. Tiene razón en que si “se fortalece la Intervención” (¿contratará más Interventores?, ¿más funcionarios?) se garantiza “un control financiero más riguroso”, porque para él esto se materializa mediante el control de los procedimientos y de la ejecución de la contabilidad presupuestaria. Lo que ya es grave, si se lo cree, es que confunda esto con una mejor “rendición de cuentas”, término que traduce una palabra inglesa accountability, que no es por casualidad que no haya una equivalente ni en lengua española, ni en las lenguas latinas que yo conozco. Cuando no hay tradición de una práctica, no hay palabra para definirla.

El índice de apertura de los sistemas de empleo público de la OCDE -que evalúa la flexibilidad de la gestión de los recursos humanos-, también sitúa a España a la cola de Europa. Las políticas de evaluación del rendimiento son inadecuadas. Más que flexibilidad lo que hay es rigidez, baja cualificación. Y un curioso concepto de equidad que lleva, en lugar de incentivar a los mejores, a considerar a todos iguales, tomando como referencia la baja calidad y el bajo rendimiento. Eso sí, estabilidad laboral por encima de todo. No hay mejor concepto que el de “plaza en propiedad” -por cierto, inexistente en el sector privado- para expresar que antes que perderla, se aceptan las igualaciones a la baja que sean necesarias. Incluidas las salariales. La “plaza en propiedad” prevalece sobre cualquier interés público.

Resultado: con las dignas excepciones que confirman la regla, la administración no es atractiva para los mejores por las razones expuestas. Si añadimos los niveles retributivos, encontraremos un elemento más (no siempre el más importante) para comprender la baja calidad de la función pública de las “Españas”.

Parece que, no siendo suficiente con los funcionarios, ahora esta tradición se quiere trasladar al caso de los políticos. ¿O no se propugna eso cuando se quieren equiparar los sueldos de los alcaldes de las grandes ciudades a las retribuciones que perciben los Secretarios de Estado?

En primer lugar hay que preguntarse si tiene sentido que todos los Secretarios de Estado cobren prácticamente lo mismo. ¿Todos tienen el mismo grado de responsabilidad? ¿La complejidad de las tareas que llevan a cabo es idéntica? ¿El currículum de todos ellos y su experiencia son iguales?

En segundo lugar, ¿qué tiene que ver la función y la responsabilidad de un alcalde de gran ciudad (y su preparación, currículum, experiencia, dedicación, etc…) con el de un Secretario de Estado?

Finalmente, ¿por qué el alcalde de Madrid debe cobrar lo mismo que el alcalde de Barcelona y éste lo mismo que el de Valencia, Zaragoza o Bilbao? ¿Por qué?

Sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría considera que la iniciativa permitirá dotar a las Administraciones locales de “mayor profesionalización”.

¿Mayor profesionalización significa que todos cobren igual y si puede ser, que sean iguales?  ¡Sobre todo, que nadie destaque, no sea que aparte de poner en evidencia a los demás, todavía le tuviéramos que pagar más! Todo esto ocurre en un entorno  en el que, aprovechando la tensión social, no se escatima el recurso a la demagogia para hacer una peculiar defensa del sector público, basada en asimilar a corrupción la colaboración con el sector privado.

Es lo que ocurre por ejemplo en el sector salud en Catalunya. Determinados políticos, sindicalistas y periodistas llegan al extremo de cuestionar buenas prácticas de gestión del sistema concertado, induciendo la idea de que lo ideal es el modelo tradicional de Administración Pública. La española, claro – las características de la cual no repetiremos -, mimetizada en exceso por la catalana y cuestionada internacionalmente como hemos dicho por la OCDE, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales. Instituciones que, al contrario que los defensores de este peculiar concepto de “lo público”, basan sus afirmaciones en datos y análisis rigurosos.

Por si este espíritu no estaba suficientemente presente en el ámbito político, aquí tenemos un magnífico refuerzo del mismo. Lo peor es que, muy probablemente, vendrán más.