¿MODELO SANITARIO CATALÁN O… BOLIVARIANO?

José Antonio Girón de Velasco

La sanidad, el sistema de salud, se diseña en función de las diferentes opciones ideológicas y modelos técnicos. A partir de aquí, asumir los resultados evaluables de cada opción puede resultar difícil si no se trata de la propia.

He dedicado diferentes posts de este blog a argumentar por qué aquello que se conoció como “Modelo Sanitario Catalán”, con un comprador de servicios completamente desligado del sistema de provisión mixto, con centros públicos y privados, presenta claras ventajas, con resultados contrastados, sobre el de la Generalitat, el del Instituto Catalán de la Salud (ICS). La relación mediante el contrato de compra de servicios en lugar de la asignación presupuestaria, el respeto a la autonomía de gestión y a los órganos de gobierno de las entidades proveedoras, sin intervencionismo, ni dirigismo, aporta claramente valor añadido.

A pesar de esta evidencia, cada día se dan pasos en la dirección contraria con el objetivo de acabar integrando a todos los proveedores públicos, no sólo las Empresas Públicas y Consorcios de la Generalitat, sino que también a proveedores privados, hacia un gran ICS.

Esta es la fórmula segura para crear una sanidad a dos velocidades: un sistema público para los desfavorecidos, al estilo de la antigua beneficencia, y un sistema de seguro privado, no ya para ricos, simplemente para aquellas personas trabajadoras y de clase media, que ante el inacabable aumento de las listas de espera y la pérdida de calidad y eficiencia que conllevará este modelo si no se detiene, acabarán gastando los escasos recursos que tengan en la compra de pólizas de salud privadas.

La gran ventaja que teníamos en Cataluña con relación a España era una consecuencia del desarrollo industrial catalán de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se desarrollaron unos recursos sanitarios fruto del esfuerzo de empresarios y trabajadores (mutualidades), de fundaciones diversas, de órdenes religiosas, todos ellos sin ánimo de lucro, que suplían la falta de respuesta del Estado. Una España entonces rural y subdesarrollada desprovista de suficiente articulación y madurez social para sistematizar esta necesidad y sin posibilidades económicas de hacerlo.

No fue hasta los años 40 del siglo pasado cuando José Antonio Girón de Velasco, fundador en 1934 de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS, que acabaría fusionándose con la Falange Española de Primo de Rivera, crea la Seguridad Social y aparecen centros hospitalarios públicos. En Cataluña el primero es la Residencia Sanitaria Francisco Franco, actualmente Hospital Vall d’Hebron, que se inaugura en 1955. Hasta entonces la prestación sanitaria en Cataluña la proporcionaron las instituciones antes mencionadas de titularidad diversa.

Así, mientras en España el modelo sanitario nació desde la Administración y por tanto se estructuró como tal, en Cataluña fue un producto de la sociedad civil. De forma que, cuando en la dictadura franquista se empezó a invertir dinero público en construir ambulatorios y residencias hospitalarias, en Cataluña el esfuerzo ya lo había hecho la sociedad y, ya fuera para ahorrarse la inversión en Cataluña y/o por sentido común, se optó por establecer conciertos con los centros preexistentes a los que se les respetó el modelo organizativo y funcional.

Por lo tanto, lo que ahora se pretende destrozar -de hecho cada día se dan pasos desde diversas instancias administrativas de la Generalitat en esta dirección-, el modelo de colaboración público-privado y de aprovechamiento óptimo de todos los recursos existentes que era parte del ADN del sistema sanitario catalán, da paso al modelo español, con un sector público y uno privado, completamente separados, como se diseñó durante la dictadura franquista. Problema: los resultados son peores.

Citaba en un post del blog el estudio “Evaluación de los resultados según modelos de gestión”, realizado por la empresa IASIST en 2012, que comparando hospitales generales de titularidad pública que cuentan con trabajadores en régimen estatutario y contabilidad pública, con otros de fórmula jurídica diversa (públicos y privados) que tienen personal laboral y contabilidad financiera, concluía que en el segundo caso los resultados eran mejores aportando indicadores específicos de calidad, adecuación y de eficiencia clínica y económica.

Nos hemos cansado de explicar que la naturaleza pública de un sistema sanitario no viene determinada por la personalidad jurídica de sus proveedores, que pueden ser públicos o privados. Lo que la determina es que sea Administración quien planifique, financie, compre, evalúe, inspeccione y sancione si es necesario…

Dediqué dos posts del blog- “Gestionar el sistema sanitario como una burocracia mecánica: un objetivo condenado al fracaso”, publicados el 7 y 8 de julio de 2013-, a demostrar que pretender gestionar la complejidad asistencial con modelos administrativos pensados para tramitar expedientes o para ejecutar procedimientos de trabajo rutinarios, previsibles y fácilmente estandarizables, puede considerarse un atentado contra el interés general.

Hoy sabemos que teniendo en cuenta la media de los recursos asignados a los hospitales del sistema público, de cada 100€ destinados al conjunto se pierden 2,4. Pero es que en el caso del ICS se pierden entre 8 y 12,6. También sabemos que el rendimiento de los activos – de las inversiones en edificios y tecnología-, en el caso de los hospitales del ICS, es entre un 20 y un 40% inferior que la media del sistema sanitario catalán. Y podríamos seguir con más datos que todos apuntan en la misma dirección.

¿Cómo puede ser que en nombre del interés general se quiera empujar la totalidad del sistema hacia este modelo nacido de la administración franquista?

¿Es la corrupción lo que preocupa? Pues clarifiquemos el lío creado de buena fe o demagógicamente, que consiste en asimilar la gestión pública practicada con instrumentos propios del sector privado, a privatización y privatización a corrupción.

Se olvida que puede haber corrupción tanto en estructuras públicas como en privadas, no obstante se clasifica el modelo paradigmático público administrativo en una categoría moral superior (la Guardia Civil de Roldán o los EREs de Andalucía son casos de robo desde la esencia de lo público y, en otro orden de cosas, lo que ha pasado en  Bankia, resultado de la fusión de estructuras públicas como han sido las Cajas, no pasa en el Sabadell o en el Bankinter). A partir de aquí se quiere resolver el problema creando más y más estructuras de control (controladores públicos que controlan a otros controladores y éstos a otros, todos públicos) que, aparte de no evitar la corrupción, añaden burocracia que hace perder el tiempo y dificulta la gestión eficiente de aquellas estructuras que, trabajando igualmente para el sector público, aún no han perdido la posibilidad de gestionar con los instrumentos y la eficiencia propios del sector privado. Evidentemente, no se termina la corrupción con estos métodos, porque el fin de la corrupción está más relacionado con la educación y con la necesidad de promover determinados valores en el conjunto de la sociedad que modifiquen ciertas actitudes y comportamientos.

Es a partir de este sinsentido absoluto que se quiere acabar con el modelo sanitario propio de Cataluña para ir hacia el modelo ingestionable e ineficiente del ICS.

Y aquí coinciden (1) los intereses de partidos de izquierdas que confunden naturaleza jurídica pública con servicio público a los ciudadanos, ya sea, como decía, de buena fe, o ya sea demagógicamente, para obtener votos a partir de manipular a los más afectados por los estragos de la crisis (¿Cómo se puede catalogar el Consorcio Sanitario de Lleida como privatización? ¿Cuál de las entidades jurídicas que lo conforman es privada? Respuesta: ¡ninguna! Provocar que gente de buena fe crea que la operación es una privatización, sólo puede responder al desconocimiento o a la mala fe); (2) sindicatos que fomentan que todo sea público y que, dada la tendencia de la administración a la hipertrofia, intentan paliar el grave problema del paro con oferta pública de trabajo. En Cuba no hay parados, pero no parece que esta sea la solución al grave problema del paro); (3) funcionarios y en especial cuerpos funcionariales de élite que, en la medida en que todo el sistema pasa a ser controlado por ellos, terminan suplantando el poder político como ocurre en Madrid con los abogados del Estado y otros, y en la Generalitat con los servicios jurídicos y los interventores, y (4) los intereses de partidos de derechas como el PP. Cuando el Ministro Montoro habla del riesgo que supone “el escapismo del derecho administrativo” y apuesta por una nítida separación de lo público y lo privado, lo hace movido por la privatización de las empresas rentables del Estado para ponerlas en manos de la conjura del palco del Real Madrid (esta es la “historia de éxito” de Telefónica, Endesa, Indra y tantas otras). Las que son ruinosas quedan en el sector público para que sigan siendo financiadas por los impuestos que sólo pagan trabajadores y clases medias.

Resultado: lo que fue ejemplar, el modelo sanitario propio de Cataluña, hoy es víctima de esta situación. La Generalitat lo contempla desde la impotencia y la falta de apoyo político para defender el modelo. En los niveles políticos o técnico-políticos de segunda y tercera línea, muchos directivos, cooptados por la ola dominante, son víctimas de una especie de síndrome de Estocolmo que les lleva a asumir un rol de colaboradores necesarios de quienes que quieren destrozar el modelo sanitario catalán. No se dan cuenta, pero han perdido la capacidad de reacción.

Si no se impone el sentido común, lo pagaremos caro. Y si tenemos la suerte de avanzar hacia la independencia, sería necesario que los responsables de diseñar el nuevo Estado catalán, miraran hacia el mundo más desarrollado (Holanda, Suecia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia…) en el momento de crear, no ya el modelo sanitario, sino todo el modelo de administración y servicio público.

Desde esta perspectiva, si no hubieran otras razones de peso -que las hay- para continuar yendo hacia dónde vamos, a imitar el rústico modelo administrativo español, no nos haría falta para nada la independencia. Al fin y al cabo, el “vuelva usted mañana“, el “haga usted las leyes y déjeme a mí los reglamentos“, ellos hace siglos que lo practican. Saben más. Nosotros somos unos recién llegados. Para crear una mala copia, quedémonos con el original.

Confieso que me gustaría disponer de una varita mágica para hacer ver a los independentistas catalanes que cuestionar el modelo sanitario catalán es dispararse un tiro en el pie. No os confundáis. No es el resultado de un modelo sociovergente para taparse las vergüenzas como decís. Es muy anterior y, como hemos dicho, pone en valor un modelo creado mancomunadamente por empresarios y trabajadores durante la industrialización, por fundaciones y órdenes religiosas que, en algún caso, tienen su origen en el siglo XIV; frente al modelo paternalista de la dictadura que tiene mucho en común con el de las repúblicas bolivarianas sudamericanas, que ahora asoman la cabeza en Europa a través de Podemos. Y es que quien primero utilizó el término “Seguridad Social” fue Simón de Bolívar.