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En el post anterior, he utilizado argumentos conceptuales para llamar la atención sobre el hecho que ofrecer servicios sanitarios de calidad a las personas, y hacerlo de forma eficiente, no es compatible con unas instituciones sanitarias organizadas de acuerdo con el modelo propio de la Administración Pública.

Pasando de lo conceptual a la experiencia práctica, me refería al hecho de que catorce años de trabajo en la Administración Pública no hicieron más que reforzar lo que por formación académica ya tenía claro.

Como consecuencia, la decisión técnica y política de los profesionales y responsables que durante los años 80 y principios de los 90 participamos en la formalización de lo que se terminaría conociendo como el modelo sanitario catalán, era congelar, reducir y minimizar el modelo organizativo que caracteriza al ICS, con el objetivo final de transformarlo y equipararlo al dispositivo sanitario concertado. En parte fue por este motivo que se optó por la creación de la red de hospitales de utilización pública, la XHUP, con la idea de tender a la equiparación de los centros ICS con los concertados. No obstante, en los últimos años se ha hecho lo contrario y se ha trasladado el modelo de control y administración del ICS a las empresas públicas y consorcios sanitarios. En un próximo post abordaré las razones teóricas utilizadas para cometer este disparate, así como lo que, en mi opinión, son las motivaciones reales de esta operación.

Ante la evidencia que proporcionan los resultados, no hay ninguna razón que justifique que no se tomen decisiones políticas, de modelo, que revierta la situación actual. En un contexto de crisis como el que estamos sufriendo, en el que tenemos que aplicar recortes, tiene todavía menos sentido, no solo mantener el modelo de Administración Pública que caracteriza al ICS, sino ampliarlo a las empresas públicas y consorcios sanitarios, cuando los datos demuestran que la gestión empresarial aplicada al sector público sanitario permite ser más eficiente, es decir, hacer más con menos.

Me he referido reiteradamente -y he felicitado en público y en privado al Departament de Salut por su ejercicio de transparencia y que ha sido muy poco reconocido- al hecho que la publicación de los datos de la Central de Resultados del Departament de Salut ponen en evidencia esta realidad. El pasado mes de diciembre, en un artículo en “Diario Médico”, reproducido en este blog el día 18 del mismo mes, señalaba lo siguiente:

“El informe de la Central de Resultados presenta los datos bajo cinco dimensiones. En la referida a la atención centrada en el paciente no se observan diferencias entre los hospitales del ICS y el resto. Pero en relación a la efectividad, ya empiezan a entreverse diferencias significativas. Los grandes hospitales del ICS presentan mayor mortalidad por fractura de cabeza fémur y duplican el porcentaje medio de complicaciones médicas y quirúrgicas. Si miramos las infecciones nosocomiales, el porcentaje de prevalencia en los grandes hospitales del ICS casi duplica la media general. Adicionalmente, no hay ni un solo indicador en el que los hospitales del ICS mejoren la media del sistema sanitario catalán. Respecto a la eficiencia, todos los hospitales del ICS superan la media catalana respecto a las hospitalizaciones evitables y ninguno de ellos llega a la media de sustitución de cirugía mayor ambulatoria.

Hasta aquí, las dimensiones anteriores, ya de por sí negativas, pueden ser consideradas el numerador de un cociente falto de denominador: la rentabilidad económica de los recursos empleados. Cuando se incorpora, la diferencia, en detrimento de los hospitales del ICS comparándolo con el resto, es importante. Si la media de la rentabilidad de los ingresos de explotación es del -2.4%, los hospitales del ICS se mueven entre el -8% y el -12,6%. Es decir, de cada 100 euros de dinero público ingresado, en los hospitales del ICS pueden llegar a generar casi 13 euros de pérdidas.

Si consideramos el rendimiento conseguido de los activos en el sistema, se sitúa en el -6,3%. Los hospitales del ICS consiguen valores negativos que sobrepasan el -20% en todos los casos, llegando en los hospitales más grandes al -40%. Es decir, el rendimiento de los activos -de las inversiones en edificios y en tecnología-, en el caso de los hospitales del ICS, es entre un 20 y un 40% inferior que la media del sistema sanitario catalán. Si restamos de la media el impacto de los propios hospitales del ICS, el resultado se dispara hasta valores difícilmente comprensibles”.

El Departament de Salut publicó los datos de la Central de Resultados el 13 de julio de 2012. Esta semana se presentarán, de nuevo, actualizadas. Cuesta mucho entender que no provoquen una reacción contundente de reconducción del modelo.

Puedo comprender que, cuando describo esta situación, algunos profesionales del ICS se molesten. Estoy pensando en aquellos que apuestan por perpetuar este modelo por razones que no pueden ser otras que preservar el carácter público y estable de su puesto de trabajo. No es o no debería ser el caso de los directivos y profesionales, que a pesar de las dificultades consustanciales al modelo organizativo del ICS, luchan por hacer las cosas de la mejor forma posible y padecen, en primera persona, las limitaciones de este modelo. No debería ser así porque queda claro que el problema no es la capacidad profesional, la competencia o el compromiso de estas personas.

El problema es el modelo. Al mejor boxeador del mundo, si se le hace competir con las manos atadas detrás de la cintura, no podrá demostrar que lo es. El problema es que los que tienen el poder de desatarle las manos, no lo hagan.

Hace pocos días, me invitaron a pronunciar la conferencia de clausura de un máster de la Universitat de Barcelona. Al presentar esta evidencia, un profesional de primera línea del ICS se quejaba que no se hubiera podido tirar adelante la llamada Ley del ICS, que perseguía una reforma que, siendo insuficiente, podía permitir hacer grandes avances. ¿Por qué no se ha podido aplicar la ley del ICS?  ¿Por qué el Govern de la Generalitat no ha tenido suficiente poder político para ejecutar una ley aprobada por el Parlament de Catalunya? Con la respuesta me avanzo al contenido del próximo post: las causas del porqué desde hace unos pocos años, se ha frenado el desarrollo del modelo sanitario catalán y se ha revertido el mismo mediante un lamentable proceso de administrativización. La debilidad del estamento político frente a la opinión pública, incrementada por el clima social que asocia de forma general políticos -y cada vez más otros “poderosos”- con la corrupción, ha facilitado que determinados órganos administrativos y altos funcionarios de la Generalitat (y en general esto ha pasado en el conjunto de administraciones) hayan aprovechado el vacío de poder para ejercerlo ellos.

Bien, en el caso del (no) desarrollo reglamentario de la Ley del ICS,  fue suficiente con un par de informes jurídicos, absolutamente interpretables, uno de la Junta Consultiva de Contrataciones y otro del Gabinete Jurídico Central, para impedir que una ley aprobada por el Parlament de Catalunya se aplicara.

Hace muchos años que Don Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones, se hizo famoso por la frase: “Dejad que los diputados hagan las leyes, yo haré el reglamento”.

En este caso, no hay ni la posibilidad de hacer el reglamento. Fue abortada desde el primer momento, condenando al ICS, por de pronto, a seguir intentando gestionar la complejidad del sistema sanitario con un modelo organizativo inservible para hacerlo: la burocracia mecánica.

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