POLÍTICA SALARIAL PÚBLICA, UNA APUESTA FIRME POR LA MEDIOCRIDAD

He pensado mucho si reproducía algo que ya escribí en el post titulado “Los salarios públicos: de la democracia (?) al populismo sin abandonar la demagogia”, publicado en este blog el 23 de noviembre de 2013.

Lo que me ha hecho dudar ha sido la ridícula persistencia en propiciar un ambiente que tiende a generar la creencia de que los políticos y los directivos públicos cobran demasiado e igualar implícitamente este hecho opinable a la idea de “robar”. Opto por recomendar la lectura de dicho post del 23 de noviembre de 2013, por su vigencia (¡desgraciadamente!) y lo complemento con algunas aportaciones.

Ni qué decir tiene que condeno la corrupción y las malas prácticas. Pero ni creo en la multiplicación de mecanismos burocráticos de control para evitarla, ni me tranquiliza, sino todo lo contrario, me inquieta que los políticos, para demostrar que son honestos, se lancen a una carrera desenfrenada de rebaja de sueldos que hacen extensiva a los directivos públicos.

Desde la libertad que me da haber cobrado el último sueldo público en el año 1999, manifiesto mi preocupación como ciudadano cuando contemplo esta barbaridad. Y es que los ladrones, en general, no suelen robar a través de la hoja del salario. En cambio, las personas honestas, cualificadas y con capacidad, han de tener mucha vocación pública para entrar en un mercado caracterizado -entre otros elementos ahuyentadores del talento-, por hacer ostentación de la “rebaja salarial”. Más aún cuando entrar en este mundo conlleva no tener vida privada, estar disponible las 24 horas del día, siete días a la semana y sometido a que la oposición, la prensa, los sindicatos o quien sea opten demasiado a menudo por difamar, cuando no insultar impunemente, y sin necesidad de aportar ninguna prueba. Como ciudadano opino que se trata de una farsa vergonzosa.

Tenemos un nivel de paro inadmisible. Cierto (como cierto es que el mercado negro de trabajo, una forma de corrupción muy extendida, es de los más grandes de la UE). La gente ha sufrido y sufre mucho con la crisis. Cierto. Como lo es también que este país no se caracteriza precisamente por el hecho de que la mayoría de personas se alegren de que las cosas le vayan bien al vecino. La envidia nos caracteriza. Hay corrupción. No sé si mucha más o menos que en otros países del entorno. Pero la hay, y la crisis ha favorecido a que se destape y a que se exija que los corruptos sean castigados. La percepción ciudadana dominante es que los políticos son unos corruptos, sin mucha o ninguna matización. A pesar de los casos de corrupción que presunta o realmente involucran a políticos (los corruptos), éstos suelen formar parte de un conjunto en el que, presunta o realmente, hay empresarios, financieros y otros ciudadanos (los corruptores necesarios para que haya corruptos, que a su vez también pueden serlo), normalmente la atención se centra en los políticos y no tanto en el resto.

Podría continuar y poner de manifiesto que el ambiente general es propicio para exaltar los ánimos de una ciudadanía muy “quemada”. En este “caldo de cultivo” es fácil acabar fomentando la idea de que los sueldos que cobran los políticos y los directivos públicos son desorbitados.

Es cierto que vivimos en un país en el que los niveles salariales, en general, son bajos y que, en muchas organizaciones, la diferencia entre el salario más bajo y el más alto es superior a la que se da en otros países comparables. Pero que llegue a cuajar la convicción de que el sueldo del Presidente del Gobierno español, que es de unos 78.000 euros brutos anuales, es desorbitado, me parece preocupante. ¿Se han parado a pensar que un director de sucursal bancaria, de promedio, cobra aproximadamente lo mismo? Unos 70.000 euros más una parte variable en función de una serie de objetivos.

El Presidente de la Generalitat cobra unos 137.000 euros brutos anuales. Pero es que un directivo de una compañía privada de características similares, por ejemplo, a los Ferrocarriles de la Generalitat, puede cobrar 300.000 euros.

Puedo estar de acuerdo con que ésta no sea la comparación que se deba hacer. No lo es por muchas razones. Una de ellas es que no en todos los entornos profesionales hay un “Bárcenas” repartiendo sobres. Pero hay otras. Hablamos -en el caso de los políticos y de muchos directivos públicos- de contratos de duración incierta, en los que el “despido” se puede producir en cualquier momento, sin preaviso ni indemnización y no sé si, actualmente, con derecho a cobrar prestaciones de paro o no. En cualquier caso, recuerdo la imagen del entrañable y prematuramente desaparecido Toni Farrés, ex alcalde de Sabadell, haciendo cola en el INEM para denunciar la situación.

Este ejercicio de promover la reducción de los sueldos de los políticos, conlleva el riesgo de expulsar a los mejores de la arena pública. Esta semana vi una crónica sobre un debate en relación a este tema en el Parlament de Catalunya, debate en el cual la Vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat “se defendía”, frente a una interpelación de una diputada de la oposición, poniendo en valor que el sueldo del Presidente de la Generalitat era ¡un 18% inferior que el del año 2010! Personalmente me parece preocupante, no por el caso concreto sino por la apuesta decidida que supone respecto a favorecer el cultivo de la mediocridad.

Además, y sin pretender en absoluto establecer una relación de tipo causa-efecto entre salarios bajos y corrupción, la reducción de emolumentos puede tener un efecto favorecedor de las malas prácticas para quienes no tengan las cosas claras.

Extender este error a funcionarios y gestores profesionales que han apostado por el sector público pero que ni son políticos, ni son funcionarios, ni quieren serlo, acentúa el empobrecimiento y la mediocridad del sector público.

En el post mencionado me refería a cómo los casos de corrupción o presunta corrupción han provocado reacciones y decisiones, a menudo insuficientemente maduradas, más dominadas por el efecto estético que por la eficacia, que han consistido en una lluvia de procedimientos y de controles de los procedimientos, que terminan dificultando la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, sin evitar los efectos indeseables que los motivaron e ignorando que, lejos de mejorar la cuenta de resultados, pueden contribuir a ¡empeorarla!

Ciertamente, para administrar y hacer el seguimiento de los procedimientos, en lugar de gestionar y controlar los resultados, no hay que preocuparse mucho del management profesional. Si es suficiente con ajustarse estrictamente al presupuesto administrativo aunque se haga déficit, ¿por qué pagar “grandes” sueldos a buenos profesionales, altamente preparados, para obtener resultados que ahorren impuestos a los ciudadanos?

Decía también en aquel post que no debe extrañar que el indicador combinado de efectividad del Banco Mundial, sitúe a la administración española en la cola de la Unión Europea. Si a la burocratización y al intervencionismo de los partidos políticos que reducen el espacio para la capacidad gerencial hasta extremos ridículos, añadimos la demagogia de querer presentar sueldos normales para un gestor profesional como desproporcionados y abusivos, ¿cómo va a resultar atractiva la Administración para los profesionales de alta cualificación?

Se habla mucho de la necesidad de regenerar la política para, entre otras cosas, incrementar la eficacia contra la corrupción. Los que promueven este concurso de rebajas salariales pretenden, formalmente, ser ejemplares pese a  conseguir únicamente que los salarios públicos no sean competitivos y que la Administración pierda -aún más- atractivo para los altamente cualificados.

Pero es que lo que se debería hacer tiene mayor alcance. Es una regeneración social: desterrar el “¿con IVA o sin?”, fomentar el respeto por el espacio público, abandonar actitudes pasivas cuando alguien se “cuela” en el metro, erradicar la (decreciente, todo hay que decirlo) “admiración” por los que consiguen engañar a Hacienda, devolver el dinero de más cuando en el supermercado se equivocan con el cambio… Promover valores positivos que determinen unas actitudes adecuadas que se traduzcan en comportamientos ejemplares, en el sentido de que resulten edificantes.

Sería bueno para todos -también para aquellos que pretenden que el trabajo público se haga como un acto de voluntariado- que revisásemos nuestros comportamientos en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Paseen un día por Tokio e intenten encontrar un solo ciudadano que tire un papel en el suelo. Les costará mucho. Si alguien cree que “me salgo por la tangente” se equivoca: este es el camino. No el de transformar el Parlamento en una casa de subastas para poder exhibir ante los votantes “lo poco que cobro ¡y aún creo que es demasiado!” En especial si -como apuntaba anteriormente- después viene “el Bárcenas” de turno y lo arregla repartiendo sobres.