Este es el primero de una serie de dos posts con los que pretendo exponer elementos para mejorar la Función Pública. En este primer post me centraré más en algunos elementos de contexto que me parecen relevantes y en el segundo, inspirado en las valiosas reflexiones de Francisco Longo, Secretario General de ESADE, pero sobre todo experto conocedor del sector público, en concretar elementos de aportación específicos.
Hace pocos días, Xavier Sardà, en una emisión de radio, decía que la población de la Unión Europea a pesar de representar sólo el 11% de la población mundial consume el 53% de los servicios públicos gratuitos que se dan en el mundo.
No parece que sea difícil de entender que tal situación no es sostenible ni social, ni económicamente. Aún menos, en el caso de los países menos ricos de la UE, como es España.
La revolución social es una respuesta posible. Pero esto no cambia la tozuda realidad. Y la realidad es que los recursos necesarios para intentar poner remedio a la situación no están en las arcas públicas. Se encuentran en el ámbito privado: en los bolsillos de las personas (las que todavía no los tienen vacíos), en las cajas de las empresas (las que todavía no han tenido que cerrar puertas) y en el sector financiero (aquellos que no han decidido huir de este “pintoresco” país).
Poner dificultades, como se está haciendo, -a menudo con intransigencia cuando no con métodos democráticamente reprobables- a la búsqueda de fórmulas inteligentes de colaboración público-privada, lo único que puede provocar es el colapso. Mientras, el clima social -interesadamente agitado- y la inseguridad jurídica creciente -el precedente de Chipre no tranquiliza, ni determinadas sentencias del Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales, tampoco-, explican noticias como la aparecida el 24 de marzo pasado en “La Vanguardia”: “La crisis provoca la fuga de 288.000 millones de euros de los depósitos bancarios en dos años”. Y desgraciadamente, entre estos, no todos son especuladores sin alma. Hay también emprendedores que buscan una rentabilidad legítima a su capital. Lo peor es que la fuga, no es solo de capitales. También es de talento, recurso esencial para salir de esta situación. El talento es necesario en todos los ámbitos. En el post de hoy, quiero centrarme en destacar la necesidad de algunos cambios que deberían producirse para captar y retener el talento en la Administración Pública. La concreción en el próximo post.
Mientras España fue un país de nuevos ricos -situación que duró hasta principios del 2007, gracias al mal uso dado al dinero de otros, como los fondos estructurales europeos o internos, como los recursos fiscales aportados por comunidades como Catalunya, Madrid, Valencia o Baleares- el talento, desde la frivolidad dominante, no se echó mucho de menos. Con la picaresca había bastante. Creyéndonos ricos, exigimos niveles de servicios gratuitos propios de países realmente ricos. Viendo que esto era posible con la simple aplicación de la ley del mínimo esfuerzo, se promovió un concepto de equidad basado en la equiparación a la baja. Los déficits en formación e investigación, son un ejemplo. No son sólo el fruto de la falta de recursos. Cuando se renuncia a buscar alternativas adecuadas para los menos dotados y en nombre de este curioso concepto de equidad, se promueven políticas tendentes a equiparar a todos con los de menos capacidad, el resultado es el empobrecimiento intelectual y la mediocridad generalizada. Y el talento residual huye de este sistema perverso. El mismo concepto es el que aplica la renuncia -activamente promovida durante años por la mayor parte de sindicatos- a evaluar los resultados del trabajo e incentivar a los que más rinden. No se trata de un fenómeno exclusivo de la Administración, pero si en algún lugar se ha optado claramente por un reparto lineal de los recursos disponibles para “evitar discriminaciones”, este es la Administración. Sería difícil enumerar la larga lista de chapuzas perpetradas en nombre de estos conceptos de igualdad clónica y de equidad, que ya forman parte de la idiosincrasia hispánica. En cualquier caso la Administración Pública ha sufrido, y mucho, las consecuencias. En términos de empobrecimiento económico de los funcionarios, resultado de “repartir la miseria” para evitar incentivar a los que destacan, y en términos de dificultad para captar y retener talento.
Últimamente, este empobrecimiento se ve reforzado con un nuevo concepto: el que sus promotores han bautizado como “puertas giratorias”, que favorecen un clima contrario a que el sector público pueda aprovechar y retener el talento procedente del sector privado y viceversa. El termino se usa para condenar las idas y venidas de determinados profesionales del sector público al privado y al revés. Se justifica presentando este proceso como un mecanismo pensado parar el fomento de la corrupción y el espolio público. La posibilidad de añadir valor al sector público desde la experiencia de trabajo privada y a la inversa, no se consideran en ningún momento.
Los que introducen esta visión incompleta de la realidad, son plataformas que explotan el descontento ciudadano, algunos partidos políticos y sindicatos que se definen de izquierdas, algunos periodistas y, curiosamente personajes fanáticos de la derecha como el ministro Montoro. Todos ellos propugnan la separación sin matices de lo público y lo privado, considerando que un sistema público formado exclusivamente por funcionarios de carrera es la garantía necesaria para evitar los riesgos que atribuyen al sector privado. ¿Corporativismo por encima del interés público? Probablemente. ¿Ideología social comunitaria? No estoy seguro. En la base del movimiento, seguro que hay gente de buena fe que así lo cree. Pero no me parece que los líderes de este estado de opinión vayan mucho más allá que de buscar, por encima de todo, la garantía de plazas de trabajo públicas, dejando en segundo término la capacidad y el rendimiento de los que las ocupan, a menudo de por vida y en general sin haber de pasar por recertificaciones de sus capacidades y competencias. No se quiere ver que esta manera de proceder, contribuye a debilitar la economía y a empobrecer, todavía más, a los más desfavorecidos.
Francisco Longo presentaba datos concluyentes en este sentido (ver “Menos de lo mismo no es reformar la Administración” de “El País”, 27/8/2012). Entre el 2006 y el 2011, mientras países como Alemania y Dinamarca, pero atención, también Italia, contenían o reducían sus plantillas públicas, en España se crearon 565.000 nuevos puestos de trabajo público. Lehman Brothers cayó el 14 de septiembre de 2007 pero ninguno de estos -tampoco Zapatero, ni el Tripartito- se dieron por aludidos. En plena crisis, a partir de 2008, ¡¡¡mientras el sector privado ya se veía obligado a destruir puestos de trabajo, la “fiesta pública” continuaba y aún se crearon 250.000 nuevos puestos de trabajo entre todas las administraciones!!!
La preocupación por la cantidad y por la creación de empleo público, ha dejado sin duda en segundo término la necesidad de incorporar talento. Difundir que mecanismos como los denominados “puertas giratorias” han de rechazarse por el riesgo potencial de corrupción, es demasiado simplista. Este principio, llevado al extremo, impediría que nadie que fuera funcionario, pudiera asumir responsabilidades políticas o de alta gestión administrativa. O que, si lo hiciera, fuera a condición de no volver nunca más al sector privado o, en caso de tener que hacerlo, no poder aprovechar de nuevo la experiencia profesional en el sector público.
Me parece más razonable compatibilizar la lucha contra la corrupción con la captación de talento. No pretendo extenderme aquí. Pero bastaría establecer reglas de juego claras y transparentes, con periodos de incompatibilidad lógicos en la duración y selectivos en lo relativo a las actividades incompatibles.