Autor: Wu Kailiang
Se ha hablado mucho de los recortes y de su repercusión sobre los ciudadanos. Hablar de forma general no permite extraer grandes conclusiones. Incluso cuando puede dar la impresión de que se habla con más concreción, como el caso de los supuestos niños catalanes malnutridos, es difícil sacar conclusiones y no queda claro cuánto hay de demagogia y cuánto de realidad en presentar las cosas de esta manera.
En el caso de la salud, hay que diferenciar las repercusiones sobre la salud propiamente, de las repercusiones sobre los servicios. Disponemos ya de análisis y estudios realizados por prestigiosos profesores universitarios que sugerirían que las repercusiones sobre los servicios asistenciales han sido muy poco importantes, mínimas, y que en cambio habría una repercusión sobre la salud derivada de efectos más transversales de los recortes, como la disminución de las rentas o el empeoramiento de la calidad alimentaria.
La experiencia que he tenido la oportunidad de vivir más directamente, la del Parc De Salut Mar de Barcelona, me permite explicar que la repercusión directa sobre la atención a la población, ha sido escasísima, a pesar de la envergadura -importante- de los recortes. Como mucho ha incrementado discretamente alguna lista de espera con repercusiones posibles sobre la calidad de vida, pero no poniendo en riesgo la salud y la seguridad del paciente. Es más, en cuanto a los tipos de cáncer más prevalentes, en todos los casos, a pesar de los recortes, ha disminuido el tiempo de espera tanto el comprendido entre la aparición de los primeros síntomas al diagnóstico, como el que va del diagnóstico al tratamiento.
Las dificultades y los problemas derivados de los recortes y los que se pueden derivar, se pueden agrupar en tres epígrafes: (1) la dureza de las medidas de gestión adoptadas y su repercusión sobre las personas (ERE) y la economía del país (retrasos consecutivos y acumulativos de pago a proveedores), (2) el problema generado, incluso más que por la magnitud (elevada) de los recortes, por la presión de calendario para ejecutarlos (en concreto en julio, a medio ejercicio, ¡hemos sabido que la disminución total era del 5.6%!), (3) y muy preocupante, los efectos previsibles a medio y largo plazo de la desinversión que han supuesto los recortes, es decir, el riesgo potencial de sufrir problemas graves de calidad asistencial y de seguridad en los pacientes.
En el caso del Hospital del Mar, este último aspecto es el más preocupante. En el año 2010 se paralizaron unas obras que debían permitir resolver un gravísimo problema que sufrimos de atención en las urgencias y de seguridad en las instalaciones energéticas del hospital. A pesar de haber advertido a las autoridades sanitarias de los riesgos potenciales (graves) de mantener estas obras paradas, hoy por hoy no hay un horizonte definido para retomarlas, lo que, sin duda, puede acabar generando problemas muy importantes. Igualmente la imposibilidad de invertir para renovar maquinaria esencial puede provocar déficits de calidad, seguridad o, simplemente impedir la realización de diagnósticos y tratamientos básicos.
En cuanto a la magnitud de los recortes y la velocidad con la que se quieren aplicar, algunos compañeros y colegas que me conocen, se han sorprendido de mis declaraciones de la semana pasada en las que anunciaba que el Consejo Rector del Parc de Salut Mar, aprobaría cerrar el ejercicio 2013 con 6 millones de euros de déficit que, si tal como se dice, el escenario presupuestario 2014 es de congelación pero no de disminución, compensaremos y equilibraremos el año que viene.
A menudo sucede que los Media dan la noticia, pero no disponen de espacio suficiente para explicar el porqué de las cosas. En el caso del Parc de Salut Mar el porqué es claro y legítimamente argumentable. A pesar de nuestro compromiso total y absoluto con el Gobierno de la Generalitat respecto a la política de equilibrio económico, desgraciadamente este año no se podrá alcanzar. La Generalitat nos debe 32,6 millones de euros que nos obligan a endeudarnos y pagar 4 millones de intereses financieros (a los que se podrían sumar 3 millones más el año próximo). Si añadimos aproximadamente 1,5 millones de euros y unos 150.000 consecuencia de las decisiones del Gobierno de incrementar el IVA y las cuotas de Seguridad Social respectivamente; de los 6 millones de euros de déficit, ¡5.65 corresponderán a estos conceptos: intereses financieros, incremento del IVA e incremento de las cuotas de Seguridad Social!
Si se tiene en cuenta además de lo expuesto que hasta día de hoy, desde 2011, los recortes han supuesto una disminución de 28 millones de euros en el presupuesto y que, además de aplicar un ERE, a finales del año pasado se firmó el convenio colectivo incluyendo la consolidación de la disminución de la masa salarial en 6 millones de euros (el equivalente a la paga extra de Navidad), parece difícil cuestionar nuestra legitimidad para decidir que, a menos que tengamos la obligación legal, no aplicaremos el descuento de la paga extra de Navidad este año, con lo que cerraríamos en equilibrio presupuestario.
Hasta aquí, un resumen de las consecuencias de los recortes, a partir de un caso práctico. Ahora bien, ¿cuáles son los orígenes del problema?
La pregunta nos lleva directamente al gran tema que preocupa y ocupa a la práctica totalidad de la sociedad catalana: la independencia de Cataluña del Reino de España.
Más allá de razones históricas, de sentimiento de pertenencia u otros, la cuestión del déficit fiscal, aunque hay quien pretende cuestionarlo o tildarlo directamente de demagogia, es un argumento real para decidir dejar de formar parte del Reino de España.
Se estima que a los catalanes, ser españoles, nos cuesta unos 16.000 millones de euros al año. Es decir, cada día se van a Madrid unos 45.000 euros que no vuelven. La cifra es opinable y se discute. Hay diferentes sistemas de cálculo y con unos el resultado es menor y con otros mayor. En cualquier caso hay una realidad incontrovertible: Cataluña aporta al Estado una proporción de recursos superior a su peso en el PIB estatal y lo que recibe no llega al peso relativo de su población en relación al total de la población española. Según el Consejero Andreu Mas-Colell, refiriéndose al ejercicio 2010, Cataluña aportó al Estado el 19,4% de sus ingresos y recibió el 14,2% del gasto total. Sea esta cifra o la que se pueda derivar de otros métodos de cálculo fiables, se trata de un déficit fiscal inaceptable, como avalan entidades independientes de prestigio. No hay ni una sola región en toda la UE en la que la diferencia entre lo que contribuye a su Estado y lo que recibe del mismo, sea tan grande.
Si los españoles hubieran querido entender que este perverso maltrato fiscal, se tendría que haber resuelto hace años (si no por afecto y respeto al “laborioso pueblo catalán”, al menos por inteligencia estratégica) hoy quizás no estaríamos en el punto en el que estamos, en el que, según diversas encuestas, la mayoría de la población quiere ejercer el derecho a decidir si queremos seguir siendo españoles o no, considerando que la hora de (la histórica y reiterada tomadura de pelo de) las terceras vías, ha pasado.
Sé que puede parecer simplista lo que diré ahora y que habrá quien opinará que faltan elementos de contexto o que simplemente se trata de demagogia. Ahora bien, si los españoles hubieran tenido el acierto de ofrecer un concierto económico adecuado en su momento (ya no digo si fuéramos independientes), en el Parc de Salut Mar, muy probablemente, no hubiéramos tenido que recortar 28 millones de euros en dos años, las obras paradas en 2010 estarían previsiblemente terminadas y por tanto el fantasma de los problemas de calidad y seguridad que nos acosan, no estarían. Cerraríamos equilibrados y el dinero que gastamos para pagar intereses bancarios para financiar lo que nos debe una Generalitat subfinanciada por el Estado, los destinaríamos a la asistencia.
Mientras termino de escribir este post, me llega la noticia de que el Gobierno español anuncia que las inversiones en Cataluña caerán un 25%, representando el 9,6% de las inversiones en las CCAA, es decir, la mitad de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es decir, incumpliendo una vez más un marco legislativo que, al contrario de la Constitución española, interpretable en cuanto a delegar el ejercicio del derecho a decidir; establece perfectamente cuál es la obligación inversora del Estado en Cataluña. Seguir formando parte del Reino de España en estas condiciones es un muy “mal negocio”. La vía catalana y la española son paralelas y ya sabemos que las paralelas se encuentran, pero se encuentran en el infinito.